Tercer intento de Ayuso para construir la Ciudad de la Justicia de Madrid
Tras el fracaso de dos convocatorias públicas, el gobierno regional apuesta por la gestión directa. Los plazos que manejan culminarían en 2030
Ciudad de la Justicia en Valdevebas / EFE
Madrid
Después de que en la pasada legislatura quedase desierto el concurso para reiniciar el proyecto de la Ciudad de la Justicia por segunda vez, el gobierno regional lanza ahora una nueva iniciativa para relanzar el proyecto "maldito" que inició Esperanza Aguirre hace casi dos décadas. La intención de la Comunidad es licitar el proyecto y la obra para poder adjudicarla en verano de 2024 y que esté funcionando a pleno rendimiento en 2030.
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La idea es, como lo fue en origen, unificar las 28 sedes judiciales en Valdebebas con un presupuesto de 660 millones de euros a ejecutar entre 2024 y 2030. Allí se levantarán un total de 10 edificios en 423.360 metros cuadrados, un incremento del 50% de la superficie actual. Y los edificios prioritarios serán el TSJM y la Audiencia Provincial. La idea es que dentro de 40 años, se pueda ahorrar hasta el 50% del gasto que ahora se dedica a alquileres (40 millones), mantenimiento, vigilancia y limpieza (30 millones) y consumo (5 millones).
Por primera vez, y esta es la baza del gobierno regional para confiar en que este intento será el definitivo, la Comunidad asumirá el coste de manera directa a través de los presupuestos generales de la región. Y será la administración regional la que ostente la plena propiedad de las instalaciones y será la beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de servicios adicionales.
Se hará una licitación de proyecto y obra, en varias fases:
- Fase 0. Ya ha arrancado con la redacción del anteproyecto e incluirá la licitación y adjudicación en 2024, con una primera partida presupuestaria.
- Fase 1. Comenzará en 2025, con el inicio de las obras en 155.400 metros cuadrados donde se ubicarán cuatro edificios, espacios comunes, zonas verdes y un parking público. En esta fase está previsto que se levante el TSJM, por lo que comenzaría el traslado de las dependencias que ahora ocupa en las dependencias de la calle General Castaños, la Audiencia Provincial y 105 juzgados de primera instancia en 4 edificios.
- Fase 2. Comenzará a finales de esta legislatura. Se levantarán dos edificios más para trasladar allí el Orden Civil (19 juzgados de lo Mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso-Administrativo, con sus aparcamientos subterráneos y servicios propios)
- Fases 3 y 4. Se desarrollarán entre 2028 y 2029, con la finalización de tres edificios para Penal (54 juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete de Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria, con sus aparcamientos y servicios propios), además de otros espacios como la Fiscalía, el Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares.
Dos décadas de intentos
Fue en 2005 cuando se puso en marcha el primer concurso internacional de ideas, bajo el mandato de Esperanza Aguirre, en el que hubo más de 300 participantes. La propuesta ganadora proyectó 14 edificios y presupuestó 500 millones de euros. La primera piedra costó un millón de euros y la investigación a altos cargos del gobierno de Aguirre sigue abierta. En 2014, con Ignacio González como presidente de la comunidad, se anunció la liquidación de la sociedad gestora. Sólo se llegó a construir el llamado "donut". Y en 2015, anunció que se retomarían las obras, cambiando la forma de gestión de una sociedad pública a un concurso público para retomar la construcción. Cristina Cifuentes vio cómo se paralizaba el proyecto y las demandas de las empresas que debían ejecutar el proyecto, un litigio que supuso pérdidas millonarias.
En 2020 la justicia le dio la razón a la Comunidad y fue Ayuso quien impulsó su propio proyecto. En agosto de 2022 se inició el concurso para la adjudicación del contrato, pero en noviembre el concurso se declaró desierto por no recibir ni una sola oferta. La crisis económica y la inestabilidad causada por la subida de los precios de los materiales dificultó las cosas. Tras este fracaso, la comunidad envió invitaciones directas a 10 empresas, sin concurso público, para hacer más atractivas las condiciones. Hubo una única oferta que este mismo año fue rechazada por no cumplir con los requisitos.
