El Ayuntamiento de Móstoles deberá readmitir al antiguo interventor municipal cesado en 2021
El PP y Más Madrid denunciaron en su momento que su cese se llevó a cabo poco después de que este denunciara ante el Tribunal de Cuentas las presuntas irregularidades del llamado caso ITV, asunto por el que están investigados la alcaldesa en funciones, Noelia Posse y siete de sus ediles.
Fachada del Ayuntamiento de Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles
Móstoles
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por PSOE y Podemos, tras la impugnación del cese del antiguo interventor municipal, Caín Poveda, por lo que éste deberá ser readmitido en su puesto.
El Consistorio mostoleño ya se vio obligado hace unos meses a indemnizar al antiguo secretario general del Pleno, José López Viña, quien pidió seguir en su cargo tras cumplir los 65 años y que, tras una prórroga favorable de doce meses, finalmente, le fue denegado continuar en su puesto, siendo también cesado de forma irregular.
En el caso del antiguo interventor municipal, éste impugnó su cese, aprobado en Junta de Gobierno local en mayo de 2021 "por caducidad del procedimiento", y en primera instancia el Juzgado de Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid le dio la razón en mayo de 2022, aunque el Consistorio recurrió la impugnación.
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Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha rechazado en su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los argumentos del Ayuntamiento, ya que la resolución del cese se comunicó a Caín Poveda fuera de plazo, al haber transcurrido más de tres meses desde el inicio del procedimiento.
El Ayuntamiento de Móstoles aprobó en una Junta de Gobierno local celebrada el 5 de mayo de 2021 el cese del entonces interventor municipal debido a la "pérdida de confianza", una decisión que fue tildada de "purga" por la oposición al entender que no existían una clara motivación de su cese.
En este sentido, tanto PP como Más Madrid denunciaron en su momento que el cese del interventor se llevó a cabo poco después de que este denunciara ante el Tribunal de Cuentas las presuntas "irregularidades" del llamado 'Caso ITV', asunto por el que están investigados la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y siete de sus ediles.
Desde ambas formaciones insistieron en que el interventor general del Ayuntamiento fue cesado después de "advertir de la ilegalidad" de condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una ITV radicada en la localidad madrileña, causa que ha reabierto recientemente la Audiencia Provincial de Madrid.
Desde el Consistorio argumentaron entonces que la decisión entraba "dentro del proceso de renovación que está llevando a cabo el Gobierno local para romper con cualquier rastro de corrupción en el Ayuntamiento" y que el hasta ahora interventor había sido "reasignado a un puesto acorde con su nivel como funcionario".
"El Gobierno local ha perdido la confianza en este alto cargo, cuya firma está en los informes favorables a contratos que están siendo investigados por los tribunales de justicia españoles por presunta corrupción dentro de las tramas Púnica y Gürtel", insistían desde el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, mantenían que el cargo de interventor "es un cargo de libre designación, no está sometido a un proceso selectivo", por lo que acusaban a la oposición de "mentir" sobre este punto, además de recordar que este interventor "dio el visto bueno a adjudicaciones que están bajo el punto de mira de la Justicia".
"El hasta ahora interventor había sido nombrado a dedo por un alcalde y ha sido cesado por acuerdo de la Junta de Gobierno siguiendo el procedimiento administrativo legal correspondiente", añadieron, apuntando también a la situación del Instituto Municipal del Suelo (IMS) como una de las razones de su cese.
