Las directoras de dos residencias de Madrid admiten que se aplicaron los protocolos que impedían derivar a los mayores a un hospital

Madrid

En el juzgado de instrucción número 4 de Plaza de Castilla se está investigando si hay algún tipo de responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que vivían en las residencia pública Adolfo Suárez y en la residencia privada con plazas concertadas Amavir Arganzuela. Mayores que murieron sin haber sido derivados a un hospital en la primera fase de la pandemia.

El abogado de estas familias y de la asociación Pladigmare, Andrés Ollero, busca demostrar que esos llamados 'protocolos de la vergüenza' existieron y se aplicaron y eso, asegura, ha quedado dicho por las dos directoras y las dos médicas en sede judicial. "Si ha quedado algo claro de las declaraciones es que la responsabilidad última de la derivación de los residentes era de los geriatras de los hospitales. Ellos decidían en base al nivel de dependencia y al nivel cognitivo si se procedía a la derivación o no. Si el residente tenía un deterioro cognitivo muy severo y una dependencia muy alta la derivación era imposible. Así lo han relatado tanto las dos doctoras de la Adolfo Suárez como la directora de Amavir Arganzuela", subraya.

La directora y las dos médicas de la residencia Adolfo Suárez no han querido hacer declaraciones y se han remitido a lo que diga la Consejería de Política Social. Mientras que el abogado de la directora de Amavir también ha contado que su clienta y las demás investigadas han ratificado que los protocolos existieron y se aplicaron. "Había unos protocolos conocidos por todos con unos criterios que fueron impuestos, fueron indicaciones por parte de la Comunidad de Madrid, no de los centros, y los centros tenían que ceñirse a ellos simplemente", explica Jesús Mandri. Este abogado confía en que su clienta deje de estar investigada porque considera que se ha puesto de manifiesto que "no hay ninguna responsabilidad penal ni de la directora ni de ninguna persona empleada del centro".

Este abogado relata que en el caso de la residente fallecida en el centro de Amavir el personal llegó a ofrecer a la familia el traslado de la mujer a un hospital y que lo rechazaron. El abogado de la familia ha precisado que la propia directora ha contado ante el juez que pudieron empezar a derivar a los mayores a partir de los primeros días de abril de 2020.

Las dos directoras y las dos médicas han acudido al juzgado como investigadas aunque el informe médico forense solicitado por el juez determina que en todos los casos, excepto en el de una residente en el que no consta información clínica, se ofreció "asistencia médica hospitalaria y seguimiento facultativo regular y frecuente en la residencia, con adopción de medidas terapéuticas, farmacológicas y complementarias, adecuadas en cada momento a la evolución de cada paciente".

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Este jueves están citados como testigos, por segunda vez, la persona que firmó esos protocolos, el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales que denunció públicamente esos protocolos, Alberto Reyero. Y, por primera vez, la que fue directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que dejó el Gobierno de Ayuso por discrepancias en la gestión de la pandemia.

Mur y Reyero comparecieron el pasado 23 de marzo en el juzgado de instrucción número 9 por el caso denunciado por otras familias. Entonces Mur dijo que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, estaba al tanto de los protocolos, que fueron recomendaciones para evaluar según los criterios de los médicos y que él, aunque no estaba de acuerdo con los criterios que se ponían en función del novel cognitivo o físico de las personas, los firmó porque había que ayudar a los geriatras en los hospitales. Por su parte, Reyero le explicó al juez que aquellos protocolos eran de obligado cumplimiento.

El abogado de las familias espera que con las declaraciones de este jueves el juez, Marcelino Sexmero, pueda determinar "si la responsabilidad penal no es tanto de las residencias como de los responsables políticos que fueron los que adoptaron dichos protocolos y que provocaron que muchos residentes fallecieran en las residencias impidiéndoles acudir a sus hospitales de referencia o al hospital de Ifema".