Anticorrupción archiva las denuncias contra el contrato de soterramiento de la A-5 adjudicado a la empresa en la que trabaja el hermano de Carabante
Marta Higueras y Podemos acusaron al Ayuntamiento de Madrid de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, delito de cohecho y asociación ilícita
Roberto Sotomayor y su número dos para las elecciones, Carolina Alonso, presentan la denuncia | Foto de Podemos / Podemos
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha archivado este lunes los dos escritos de denuncia contra las adjudicaciones del proyecto de soterramiento de la autopista A-5 a la empresa Subterra Ingeniería S.L, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
El 22 de febrero de este mismo año, la Fiscalía Anticorrupción incoó diligencias de investigación por la licitación del proyecto de soterramiento de la A-5, que fue otorgada por parte del Ayuntamiento de Madrid a la empresa Esteyco-Subterra, donde trabaja Rafael Carabante, el hermano del delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante.
En las denuncias, elevadas por la concejala en funciones del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el entonces candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, se acusaba al Ayuntamiento de incurrir en presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, delito de cohecho y asociación ilícita, que ahora han sido rechazados por el Ministerio fiscal.
Las personas denunciadas, además de los hermanos Carabante, fueron el entonces alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del Ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz; y María Dolores Ortiz Sánchez, directora general de Movilidad del Consistorio madrileño.
En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía concluye que las denuncias de Sotomayor e Higueras “carecen de elementos indiciarios que justifiquen una investigación penal más allá de la comprobación de los expedientes de contratación, considerando además que ello supondría una revisión de la legalidad administrativa sobre esa contratación pública”, por lo que acuerda el archivo de la causa.
En opinión del Ministerio fiscal, respecto al delito de prevaricación administrativo, no constan “elementos mínimos indiciarios” en el expediente de contratación que “permitan valorar que el contrato de adjudicación de servicios” a la empresa en la que trabajaba el hermano de Borja Carabante sea “una resolución arbitraria” respecto al Código Penal.
Lo mismo ocurre en el supuesto de tráfico de influencias. La Fiscalía se acoge a la jurisprudencia del Tribunal Supremo al señalar que una “sugerencia” no basta como una influencia eficiente sobre la acción o la decisión de otra persona derivada de la posición del sujeto activo, “lo que no resulta acreditado” ni “mínimamente indiciario”.
Sobre el presunto delito de cohecho, el Ministerio fiscal entiende que la “mera relación de parentesco” entre el delegado de Movilidad y su hermano no acredita per se la existencia de una solicitud o recepción de un favor o retribución, que tampoco se prueba, como tampoco concluye que la pluralidad de personas denunciadas se haya concertado para un fin delictivo, como exige el delito de asociación ilícita, que también se descarta.
CARABANTE: EL ARCHIVO DENUNCIA DEMUESTRA QUE LA IZQUIERDA QUERÍA EMBARRAR LA GESTIÓN MUNICIPAL Y MONTAR UN “CIRCO POLÍTICO”
En un audio remitido a la prensa, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente en funciones, Borja Carabante, ha asegurado que el archivo de la denuncia demuestra que la izquierda “quería únicamente embarrar la gestión municipal y montar un circo político” en el que no había “nada ilegal ni irregular”.
“Estas personas que denunciaron sabían desde el minuto uno que se iban a archivar sus denuncias porque sabían que no había nada ilegal ni irregular. Pese a ello, no dudaron en hacer un uso torticero e inmoral de la justicia”, ha añadido.
LOS ANTECEDENTES DE LAS DENUNCIAS
En 2020, el área de Medio Ambiente y Movilidad sacó a licitación la redacción del proyecto de ejecución del "Paseo Verde del Suroeste" por un valor estimado de 4.135.250 euros, un contrato que se modificó debido al relanzamiento de la Operación Campamento.
El adjudicatario fue Esteyco-Subterra "por ser el empresario que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio según la ponderación de los criterios de adjudicación" y en cuya empresa trabaja uno de los hermanos de Carabante, quien, según el periódico digital ‘eldiario.es’, anuló la adjudicación al día siguiente de aceptarla, en agosto de 2020.
Unos días después, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aceptó una solicitud de abstención de Carabante en la adjudicación del contrato y ordenó a la portavoz del Ayuntamiento y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, que lo sustituyera en el proceso que terminó semanas más tarde con la decisión de que la misma empresa se hiciera cargo del proyecto
