El Ayuntamiento de Madrid aumenta la valoración de la oferta económica en las adjudicaciones de las escuelas infantiles municipales
En las nuevas licitaciones el precio de la oferta tiene un peso de hasta el 25%, frente al 1% de adjudicaciones anteriores. Más Madrid cree que esto supone “abrir la puerta” a las empresas multiservicio que priorizan el beneficio económico frente a la calidad educativa.
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En la imagen, una de las aulas de la Escuela Infantil Tren de Arganda de Retiro / Ayuntamiento de Madrid
![En la imagen, una de las aulas de la Escuela Infantil Tren de Arganda de Retiro](https://cadenaser.com/resizer/v2/OQ5EF7S4XZMIJM427ZUZAX2G5Y.jpg?auth=35b39666e0e88788f9cba7a9208f853a81be921ed2be77a1e03bd6317d3d7a3d)
MADRID
Los criterios de adjudicación de las escuelas infantiles están recogidos en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid aprobada en el mandato anterior. En ella se establece que “no se puntuarán las ofertas económicas que pudiesen presentar las empresas, ya que será la Administración Municipal la que determine el precio al que deben ajustarse todas ellas”.
En los últimos pliegos publicados por el Ayuntamiento para la adjudicación de la gestión de este servico, 39 escuelas desde finales del año pasado, se ha incluido el criterio precio con un peso del 25%, mientras que en proceso anteriores directamente no aparecía o simplemente representaba el 1% en la baremación. Para Más Madrid esto permite que vuelvan a entrar como gestores de estos centros, empresas que solo persiguen el beneficio económico. Carolina Pulido, portavoz en Asuntos Sociales del grupo municipal cree que es “un nuevo atropello de Almeida” contra las familias al incumplir la ordenanza, que priorizaba el mejor proyecto educativo frente a cualquier criterio económico. Más Madrid también cuestiona que hayan empeorado otros criterios como el de las condiciones laborales, ya que no se incluye la estabilidad en el empleo.
Fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social aseguran que la Ley de Contratros obliga a las administraciones a incluir la valoración económica en las ofertas que se presenten y dado que es una norma de rango superior a la ordenanza, insisten, debe ser la que se aplique.