Madrid 'mortificó' a los rastreadores COVID: la Justicia condena al Gobierno de Ayuso por "comportamiento vejatorio" durante su readmisión
El Tribunal, sin embargo, entiende que dicho comportamiento no vulnera "ningún derecho fundamental". CC.OO. recurrirá el auto al entender que sí existió esa vulneración
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, este jueves / Rodrigo Jimenez (EFE)
Madrid
El Tribunal Superior de Justicia considera probado que la Comunidad de Madrid readmitió de forma irregular a los 119 rastreadores Covid que fueron despedidos durante el verano de 2022 y reincorporados en noviembre por orden judicial. La Comunidad destinó a estos trabajadores a un sótano de una de las sedes de la Consejería sin mesas ni ordenadores suficientes y sin indicaciones laborales hasta que, un mes después, fueron definitivamente despedidos al dar por finalizado su contrato.
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Ahora, la Justicia, tras la denuncia presentada por Comisiones Obreras, confirma que los rastreadores estuvieron sin trabajo, sin medios materiales y sin permitirles comunicarse con otros trabajadores lo que "ciertamente", dice el auto, supone "un comportamiento vejatorio para mortificar a los demandantes" sin tener en cuenta "el malestar psicológico que se produce a una persona teniéndola toda la jornada sin nada que hacer y sin posibilidad de hacer nada".
Concretamente, los ponentes entienden que la decisión de tener a las trabajadoras "confinadas en un espacio sin medios materiales para prestar servicios, sin tareas asignadas y sin ofrecerles una explicación" podría haberse evitado "con un permiso retribuido mientras se tramitaban el cese que posteriormente se ha producido".
El auto, al que ha tenido acceso Radio Madrid declara que la readmisión fue irregular y condena a la Comunidad de Madrid a pagar una indemnización de 500 euros a cada trabajador, "por el trato desconsiderado que se les ha infligido". Sin embargo, este Tribunal entiende que el comportamiento de la Comunidad de Madrid "no tiene entidad para que puede considerarse que vulnera ningún derecho fundamental" algo que desde Comisiones Obreras no entienden:
CC.OO. cree que la actitud de la Consejería "sí es vulneradora de derechos fundamentales", por lo que ha decidido continuar con el procedimiento, buscando recursos contra la decisión tomada por el TSJM. "Vamos a recurrir esta sentencia ya que no reconoce la vulneración de derechos fundamentales"
