Cofely ya reclamó a Valdemoro una deuda de 2,3 millones de euros antes de resolver el contrato
El PSOE acusa al alcalde de mentir porque las facturas adeudadas a la empresa son anteriores a 2018
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Serafín Faraldos, portavoz del PSOE en Valdemoro, recuerda que la deuda con Cofely es anterior a su mandato
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Valdemoro
Tras conocer una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valdemoro a pagar 2,1 millones de euros a la empresa Cofely, vinculada a la trama Púnica, el alcalde Sergio Parra aseguró que se trataba de una deuda achacable al gobierno del entonces regidor Serafín Faraldos, del PSOE. El propio Faraldos ha recordado que la deuda con la empresa provenía de la etapa anterior a su gobierno, tanto de PP como de Ciudadanos.
Así se desprende también de un escrito al que ha tenido acceso Cadena SER Madrid Sur y que recoge las alegaciones presentadas por Cofely al acuerdo de pleno en el que se aprobaba rescindir el contrato de la empresa Cofely por considerarlo “lesivo” pero haciendo que prestara los servicios por ser considerados esenciales.
En dicho documento, Cofely asegura que “desde agosto de 2014 el Ayuntamiento ha incumplido con su obligación contractual de abonar en plazo las facturas por los servicios prestados”, y que tras el acuerdo de un plan de pagos en septiembre de 2015 el ayuntamiento continuó “incumpliendo los términos acordados y la deuda acumulada no ha hecho sino aumentar”, por lo que fue la empresa la que en marzo de 2018 solicitó la resolución del contrato “por falta de pago del ayuntamiento durante un periodo superior a seis meses”.
En dicho escrito Cofely también critica el procedimiento aprobado por el entonces gobierno de coalición para revertir el contrato “sobre la base de hechos que están en fase de instrucción”, es decir, sin sentencia judicial.
Faraldos ha señalado que “difícilmente pudimos generar esa deuda cuando entramos a gobernar, lo que hicimos es impedir que Cofely siguiera haciendo negocio a costa de los ciudadanos”.
El PSOE local también ha criticado que la defensa judicial del Ayuntamiento “ha sido ejercida por una empresa de servicios jurídicos contratada a dedo por Ciudadanos”, por lo que sospechan de cómo se ha desarrollado todo el proceso y se preguntan por qué no se ha liquidado el contrato para determinar el perjuicio económico al Ayuntamiento.
