El exjefe de Anatomía II de la Complutense de Madrid será juzgado en marzo por hacinar más de 500 cadáveres

Madrid

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid celebrará el próximo marzo el juicio por el hacinamiento de cadáveres en el sótano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un caso que se destapó en 2014 cuando una forense denunció las condiciones infrahumanas en las que ella y sus compañeros realizaban su trabajo.

La vista se celebrará los días 10 y 17 a partir de las 9.30 horas, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. En el banquillo se sentará el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, José Ramón Mérida Velasco.

El fiscal solicita una pena de 8 años de cárcel por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. La acusación particular en nombre de los afectados eleva su petición a 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama 66.619 euros (técnico 1), 46.401 euros (técnico 2), 77.103 euros (técnico 3), 22.303 euros (técnico 4) y 21.832 euros (técnico 5) y 10.000 euros para (1, 2, 4 y 5) por los daños causados y 3.000 para (3).

Según el relato del Ministerio Público, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios "en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas".

A raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.

Condiciones penosas

El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores "a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral". Y ello porque durante años desatendió "sistemáticamente" las "justas" demandas de los trabajadores "al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución".

Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales "hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción".

Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.

"El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos", denuncia la Fiscalía.

Así, el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos "determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores".

Tales circunstancias eran conocidas por Mérida "así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía". Por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano "que carecía de ventilación adecuada" por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.

Incluso la Fiscalía advierte de que no existía "ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos".

Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados.

"Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición", añade la Fiscalía.

Incumplimiento de la normativa

Para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor "pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición".

Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que "los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales".

Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas.