La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha avanzado este jueves que el Ayuntamiento interpondrá una demanda contra la Comunidad de Madrid tras constatar «su inactividad» frente a «la dramática situación» que sufren los usuarios de la residencia de mayores, de titularidad pública. Así lo ha anunciado después de que la alcaldesa visitara esta mañana el citado centro, en una visita solicitada por el propio Ayuntamiento, para «comprobar el estado y situación de sus usuarios tras las recientes denuncias e informaciones difundidas durante los últimos meses», tal y como denunciaron hace unas semanas. De Andrés, que ha acudido a la visita con las ediles de Servicios sociales y Salud Pública, Victoria Meléndez, y de Cultura, Participación y Mayores, Sonia López, ha insistido en que durante el encuentro «ha quedado más que patente la falta de disposición a colaborar y ofrecer transparencia por parte de los gerentes de la residencia». «Nos han intentado trasladar una situación idílica en los que supuestamente existían recursos por encima de los existentes en la realidad, lo que contradice frontalmente no sólo la situación descrita y experimentada por los propios usuarios, familiares y trabajadores del centro; sino el reglamento y las normas de funcionamiento vigentes en la Comunidad de Madrid», ha añadido. En este sentido, la regidora socialista ha señalado algunos ejemplos como «la reciente desaparición de una mujer usuaria de dicha residencia durante el pasado fin de semana, la cual fue localizada por la Policía Municipal desorientada, lo que denota una clara falta de seguridad y protección de sus usuarios y usuarias». Además, ha criticado «las negativas de la gerencia a aceptar, por un lado, la propuesta que ha realizado esta mañana la alcaldesa de incorporar a los familiares en el Comité de Etica Asistencial, así como a permitir al Ayuntamiento acudir anualmente a una visita a la residencia, en aras de hacer efectiva la transparencia que la gerencia asegura que existe en la gestión del centro». Por todo ello, la alcaldesa ha trasladado a los responsables del centro que iniciarán «acciones legales, a través de una demanda por lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar estas serias deficiencias en la gestión». Lo hacen además «en cumplimiento del acuerdo del pleno de la corporación municipal del pasado mes de octubre en la que se instaba al gobierno de la Comunidad de Madrid a abordar una solución a esta situación». En dicho acuerdo, se instaba además a la Comunidad de Madrid a realizar «una auditoría externa para conocer la situación real de la residencia y a dotar de manera inmediata de los medios técnicos, humanos y materiales para ofrecer unas condiciones dignas y de salubridad a los y las residentes». Entonces, fuentes de la Consejería de Familia y Políticas Sociales señalaron a Efe que, en el caso concreto de Alcorcón, ya se abrió expediente, se pidió un informe y hablaron con el director de la residencia, insistiendo en que el centro «tiene una ratio de un trabajador por residente, muy superior al legalmente establecido». Sin embargo, desde el Consistorio negaron este extremo, y exigieron también «abrir una comisión de investigación para esclarecer esta situación y depurar responsabilidades políticas», algo que tampoco se ha producido. «La falta de colaboración, transparencia y sensibilidad en la atención a estos usuarios y usuarias nos obliga a acudir, una vez más, a los tribunales para defender los derechos de estos vecinos y vecinas que merecen una atención digna por parte de la Comunidad de Madrid», ha concluido la regidora.