Los antiguos rastreadores de la Comunidad de Madrid buscan la nulidad de sus despidos: “Vas al paro y cuando dices que eres rastreador eso no existe”

Madrid

Biólogos, trabajadores sociales o graduados en Ciencia de la Salud que trabajaron durante meses para detectar de forma precoz casos de Covid-19 y cuyos contratos de obra y servicio acabaron extinguidos el pasado mes de junio. “La comunicación fue a través de un correo electrónico. En ningún momento ningún coordinador se pone en contacto directo” relata sobre su despido María, nombre ficticio, una de las 119 rastreadores y rastreadoras que ahora buscan que la justicia invalide esos despidos.

Tras las críticas por la falta de estos profesionales durante los meses más duros de la pandemia, la Comunidad de Madrid se enfrenta ahora a una vista oral en la que se dirimirá si fue ajustada a derecho la decisión de la Consejería de Sanidad. “De la forma más fría, tienes que firmar el papel de cese, tienes que entregar los cascos que tienes para poder llamar y hasta luego” recuerda esta trabajadora social de 53 años sobre el momento en que recibió la noticia. María comenzó a trabajar como rastreadora en noviembre de 2020.

Le contactó la Comunidad a través de la oficina de empleo y aún recuerda las largas jornadas de trabajo: “De siete a nueve y fines de semana. Yo he trabajado fines de semana doblando porque no dábamos abasto. Lo más importante era cerrar los círculos para que no se siguiera contagiando”. Los servicios jurídicos de CCOO pedirán la nulidad y la readmisión de los rastreadores/as al entender que el Gobierno regional podría haber vulnerado la reforma laboral, que no contemplar la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan ejecutar despidos colectivos.

La labor de estos profesionales, punta de lanza de la prevención, fue más allá de ese cometido inicial de rastrear, como cuando María se encontró al otro lado del teléfono a una persona con dos hijos que no tenía nada de comer: “Yo lo que hice fue llamar al ayuntamiento y a Cruz Roja para que pudieran acercar comida a esas personas”. Ese “sentido social”, explica María, que llevaba incluso a empatizar con los contagiados, como en el caso de una boda que en esos momentos era difícil de celebrar”. “Llamaba a los novios para decirles que no se podían casar y al final: ‘pues vente a la boda’” recuerda entre risas.

La comunidad dio por finalizada su labor, manteniendo un retén de 50 profesionales. “No están llamando, no están rastreando, están haciendo trabajo administrativo” cree la antigua rastreadora cuyo futuro ahora está en el aire, “vas al paro y cuando dices que eres rastreador no existe. Nos han puesto como ‘Call Center’ de la Comunidad de Madrid”, hasta el punto de ocultar su antiguo trabajo: “da vergüenza decir que eres rastreador. Dices que en Covid”. Ahora será la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que decida si la extinción de esos contratos fue correcta.