Piden prisión provisional para el hombre que mataba cruelmente perros y gatos en Humanes para vender su sangre

Fuenlabrada

Tras la detención tanto del presunto responsable de esta trama desarrollada en los últimos años en Humanes de Madrid como de su ayudante, varias organizaciones se han personado como acusación particular, como en el caso de PACMA o de El Refugio. Esta última asociación ha reclamado prisión provisional para el principal arrestado, ya que se dan las circunstancias requeridas para ello: hay indicios suficientes como para atribuirle responsabilidad penal y los delitos de los que se le acusan, maltrato de animales domésticos con resultado de muerte e intrusismo profesional, ambos perpetrados de manera continuada a lo largo del tiempo, acarrean penas superiores a los dos años de cárcel.

Según las primeras investigaciones, el detenido lideraba una empresa dedicada a vender sangre a clínicas veterinarias de España y Europa que obtenía perforando directamente el corazón de animales vivos a los que dejaba morir cruelmente para luego trasladarlos a un crematorio en Yuncos, donde fueron encontrados 60 cadáveres, además de los más de 200 galgos que fueron rescatados de las instalaciones de Humanes de Madrid. Además, el acusado fundó y presidía la Asociación de Hematología y Homeopatía Animal, encargada de certificar su propia actividad ilícita, sin tener además ninguna titulación académica veterinaria.

Nacho Paunero, presidente de El Refugio, ha indicado que “vamos a hacer todo lo que la ley pone a nuestro alcance para que los encausados sean juzgados y condenados, ya que se trata de un caso atroz sin precedentes”. Por eso considera que a las actuales medidas cautelares adoptadas por la Justicia (clausura temporal de los locales donde se realizaba la actividad delictiva, suspensión de actividades sociales y prohibición de la tenencia y ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales) debe unirse la prisión provisional y el comiso de sus bienes e ingresos de la actividad. De esta forma se evitaría “la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes” y el “riesgo de fuga”.