Marjaliza niega haber participado en el amaño de unos terrenos en Valdemoro
El empresario vinculado a la trama Púnica y colaborador de la Justicia en su investigación ha vuelto a declarar ante el juez
El empresario David Marjaliza, en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional en relación con el 'caso Púnica' / Eduardo Parra / Europa Press
Madrid
El empresario arrepentido del caso Púnica David Marjaliza ha negado ante el juez haber participado en un presunto amaño en la adjudicación de unos terrenos en Valdemoro (Madrid) para la construcción de una residencia de ancianos, una operación por la que supuestamente se cobró una comisión de 100.000 euros.
Marjaliza ha declarado este martes como investigado ante el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, en relación a este presunto amaño del que se tuvo conocimiento en la causa a través de una denuncia anónima que llegó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Marjaliza ha asegurado que no tuvo participación alguna en estos hechos, aunque ha relatado que a finales de 2012 o principios de 2013 le informaron de la desaparición de 100.000 euros en la operación de adjudicación de los citados terrenos.
Cuando el empresario, imputado en otras líneas de investigación de esta causa, ha indicado que en ese momento se llegó a sospechar de que el alcalde -en ese momento José Carlos Boza- podría haberse quedado con ese dinero en concepto de mordida, el juez le ha instado a que se ciñese a los hechos y no especulase.
Las declaraciones se han enmarcado en la pieza número cuatro de este procedimiento, que se inició en 2014 y en el que únicamente se ha juzgado una de la docena de piezas que lo componen.
La número cuatro, en torno a operaciones urbanísticas de Valdemoro, es una de las pocas en las que el juez todavía no ha decretado el cierre de la instrucción, a diferencia de otras, como la que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, cerrada el pasado mes de enero.
Esta última, donde están imputados los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, está pendiente de una diligencia y después la Fiscalía Anticorrupción deberá remitir su escrito al juez en el que informará a qué investigados propone procesar.
