La Justicia determina que España vulneró los derechos de los menores repatriados a Marruecos
Habían entrado por la frontera del Tarajal en las avalanchas de mayo de 2021
Personas migrantes en la playa del Tarajal, en Ceuta (España). / Antonio Sempere - Europa Press (EUROPA PRESS)
Ceuta
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado hoy que España vulneró los derechos de los menores marroquíes que fueron repatriados a su país en agosto del pasado año después de haber entrado por la frontera del Tarajal en las avalanchas de los días 17 y 18 de mayo de 2021.
El TSJA ha notificado a las partes la desestimación de uno de los dos recursos de apelación interpuestos por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por el Gobierno de la Ciudad Autónoma frente a sendas sentencias dictadas el pasado febrero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta.
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En concreto, el que hoy se resuelve es el recurso de apelación planteado frente a la sentencia dictada en el recurso para la protección de derechos fundamentales interpuesto por la Asociación Coordinadora de Barrios en representación de 8 menores que llegaron solos a España y se vieron afectados por las repatriaciones "sin garantías" iniciadas por la Delegación de Gobierno de Ceuta entre los días 13 y 15 de agosto.
Aún se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por las dos mismas administraciones frente a la sentencia dictada en el recurso para la protección de derechos fundamentales en el que Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces representaron a otros 12 niños en similares circunstancias.
20 niños no acompañados
Estos 20 niños entraron en Ceuta, sin la protección de ningún adulto, cruzando la frontera del Tarajal abierta por el Reino de Marruecos en mayo de 2021.
Al estar en situación de desamparo, fueron acogidos por el área de infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo alojados primero en naves industriales en el Polígono Industrial del Tarajal después en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones sin garantías el 13 de agosto.
El trabajo conjunto de las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, Ex Menas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen para denunciar por distintas vías la ilegalidad de estas repatriaciones ejecutadas por Delegación de Gobierno en Ceuta, desembocó, entre otros, en estos dos procedimientos.
En ellos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó, en agosto de 2021, paralizar cautelarmente las repatriaciones sin garantías y dictó sentencia, en febrero de 2022, declarando que la actuación de la Administración al repatriar a estos menores se había realizado sin amparo legal alguno y con vulneración del derecho a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española.
Frente a esas dos sentencias del Juzgado, la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta interpusieron sendos recursos de apelación, el primero de los cuales ha sido ahora desestimado por el Tribunal Superior de Justicia.
"Sin las mínimas garantías procedimentales exigibles"
En esta sentencia, el TSJA vuelve a acoger la tesis de las entidades demandantes y del Ministerio Fiscal, declarando que "la actuación de la Administración, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los MENA afectados por las medidas de devolución". según el auto al que ha tenido acceso EFE.
Además, el TSJA desestima la invocación de situación excepcional realizada por las administraciones recurrentes, afirmando que "el carácter súbito y masivo e ilegal de la entrada en Ceuta en la primavera del pasado año de miles de ciudadanos del Reino de Marruecos en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley".
Finalmente, el TSJA deja claro que "el Acuerdo de Cooperación hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 no desplazaba, excepcionaba ni sustituía a la legislación interna e internacional sobre MENAS, sino que venía a complementarla o implementarla".
Restauración de derechos
Según Javier Baeza, presidente de Coordinadora de Barrios, “la sentencia recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los derechos de la infancia. Ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que algo así no vuelva a pasar.”
Por su parte, Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios, “el pronunciamiento de la Justicia es claro, el control de la frontera no puede ser una excusa para excepcionar la aplicación del Derecho. Ni en Ceuta en agosto de 2021 ni en Melilla en junio de 2022. Urge una política de migraciones que respete los derechos humanos y proteja a los más vulnerables, especialmente cuando son niños, niñas, y están solos”.
En los mismos términos se ha expresado Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, quien ha argumentado que “resulta frustrante comprobar que las administraciones públicas siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas migrantes y en especial de los niños y niñas que llegan solos a España y nos llena de impotencia que esto siga ocurriendo a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales que, sobre este asunto, obtuvimos hace más de 12 años y cuyo contenido se niegan a asumir nuestros distintos Gobiernos”.
