La joven cuya eutanasia está paralizada por la Justicia a petición de su padre: "Me robaron mi día"

Barcelona

Después de ocho meses con la eutanasia paralizada, una chica parapléjica de 24 años ha tenido que volver a explicar durante casi el dolor y sufrimiento que padece y por el cual hace un año le concedieron la muerte digna. Esta vez, sin embargo, lo ha tenido que hacer ante una jueza, la fiscalía y varios abogados, en una sala de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en el primer juicio en España para decidir si se concede la muerte digna a la paciente. La joven debía recibir la eutanasia este pasado agosto pero, el día antes, su padre y de la asociación Abogados Cristianos lo recurrieron ante el juzgado, que paralizó la prestación. "Me robaron mi día", ha declarado la joven.

La chica, que quedó parapléjica en 2022 después de saltar de un quinto piso en un intento de suicidio, ha ratificado ante la jueza que quiere morir dignamente. La paciente ha dejado claro que hace tiempo que pide acabar con su vida y nunca ha cambiado de opinión. Según fuentes jurídicas, la paciente ha denunciado también "coacciones" de su entorno católico. La joven ha relatado que personas vinculadas al centro tutelado donde pasó gran parte de su juventud han estado llenando su habitación "de cruces, estampitas y otros símbolos religiosos".

En la vista también han declarado dos forenses, especialistas en Psiquiatría, de la Administración de Justicia que han asegurado que la joven "tiene las competencias preservadas" y "nada afecta su capacidad de reacción". Además, los médicos y facultativos que la atendieron y que han declarado en el juicio han respaldado la versión de la joven y han ratificado que la paciente cumple con todos los requisitos para recibir la muerte digna.

Tendría que haber recibido la eutanasia el 2 de agosto

Este martes han declarado siete de ellos: una médico del Hospital sociosanitario de Sant Pere de Ribes, donde se encuentra actualmente la paciente; una neuropsicóloga y miembro de la Comisión de Ética del Hospital; una especialista en neurorehabilitación del Instituto Guttmann que va trató durante cuatro meses; una psiquiatra; los dos médicos que recibieron, tramitaron y aceptaron la petición de eutanasia de la joven, y la jefa de Interconsulta y Psiquiatría del Hospital Vall Hebrón y miembro de la Comisión de Garantías de la Generalitat, que también avaló su muerte digna.

La petición de eutanasia de la joven, además, fue estudiada por los 19 expertos de la Comisión de Evaluación y Garantías de la Generalitat, que le concedieron por unanimidad la prestación. La eutanasia se tenía que haber administrado el pasado 2 de agosto, pero el día antes, el padre de la chica presentó una demanda al juzgado pidiendo que paralizara su muerte asistida. Desde entonces, la justicia ha paralizado su muerte digna durante más de ocho meses.

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El padre de la joven, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, alega que la joven sufre varias enfermedades mentales, como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo además de ideas suicidas, que según los familiares le nublan el juicio y convierten la petición de eutanasia en un suicidio asistido. La batalla emprendida por los demandantes ha hecho que finalmente sea la justicia quien, por primera vez, tome una decisión médica.

Un "ejercicio pornográfico de dolor humano"

Al tratarse de un juicio contencioso, las conclusiones se presentarán por escrito. La magistrada ha dado a las partes cinco días para hacerlo, antes de emitir su sentencia. Fuentes de la Generalitat, que defendía en la prestación para la joven, esperan que el juicio haya servido para que no vuelva a repetirse un caso como este, que consideran un "ejercicio pornográfico de dolor humano".

No solo porque la joven ha tenido que salir del hospital donde vive ingresada para trasladarse al juzgado a declarar por petición explícita de la Fiscalía, que rechazaba la petición de la Generalitat de que la paciente no declarara. Ni siquiera se aceptó la posibilidad de que lo hiciera por videoconferencia. Sino especialmente por el hecho que la justicia haya paralizado durante más de medio año una prestación que afecta a la dignidad humana sin que "se haya aportado ninguna prueba de carácter científico o pericial que contradice los múltiplos informes médicos que fundamentan la decisión".

Según la Generalitat, la asociación Abogados Cristianos "tiene como única y censurable finalidad aplazar el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental por parte de su titular, y se limita a expresar una divergencia ideológica tanto legítima como inocente y, por supuesto, aliena a las garantías de los derechos fundamentales". Tras la vista, el abogado de la entidad católica ha anunciado que si la justicia no les da la razón, recurrirán hasta la última instancia para oponerse a la muerte digna de la joven.