Primer juicio en España sobre la eutanasia a una joven de 24 años: la paciente ratifica ante la jueza que quiere morir dignamente

Barcelona

Tras ocho meses con la eutanasia paralizada, una joven parapléjica de 24 años ha tenido que volver a explicar durante casi una hora el dolor y sufrimiento que siente y por el cual hace un año solicitó la muerte asistida y le fue concedida. Esta vez, sin embargo, ha tenido que hacerlo ante una jueza, la fiscalía y varios abogados, en una sala de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en la primera vista en España para decidir si se concede la muerte digna a la paciente, a raíz de la demanda de su padre y de Abogados Cristianos, que se oponen a la eutanasia.

La joven, que quedó parapléjica en 2022 tras saltar desde un quinto piso en un intento de suicidio, ha sido la primera en declarar y lo ha hecho ratificando ante la jueza que quiere morir dignamente. La paciente ha tenido que trasladarse físicamente a la Ciudad de la Justicia desde el hospital residencial donde sigue ingresada, ya que la fiscalía rechazó la petición de la Generalitat de que declarara por videoconferencia. "Es una irresponsabilidad y una crueldad intolerable", aseguran a SER Catalunya fuentes del entorno médico y jurídico de la joven.

A continuación, han declarado varios médicos y facultativos que han tratado a la paciente en los últimos años. Los primeros en declarar, según la documentación a la que ha tenido acceso SER Catalunya, han sido la médica del hospital residencial de Sant Pere de Ribes, donde actualmente se encuentra la paciente; una neuropsicóloga y miembro de la Comisión de Ética que evaluó el estado mental de la joven en el momento de solicitar la eutanasia; una especialista en neurorehabilitación del Instituto Guttmann, que la trató durante tres meses, y una psiquiatra. Los cuatro facultativos han ratificado sus informes y han declarado que la joven cumple los requisitos para recibir la muerte asistida.

En la vista, también deben declarar los dos médicos que recibieron, tramitaron y aceptaron la petición de eutanasia y la jefa de Interconsulta y Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron y miembro de la Comisión de Garantías de la Generalitat, quienes también avalaron su muerte digna. El último en declarar será un médico forense de la Administración de Justicia, especialista en psiquiatría, que visitó a la joven hace unas semanas para determinar si solicitó la eutanasia de manera libre, sin interferencias o influencias derivadas de su enfermedad mental.

Hasta ahora, la paciente ha sido evaluada por una docena de profesionales médicos, quienes han avalado su muerte asistida, y su solicitud de eutanasia fue estudiada por los 19 expertos de la Comisión de Evaluación y Garantías de la Generalitat, que le concedieron por unanimidad la muerte asistida. El padre de la joven, que había rechazado su tutela cuando era menor de edad, presentó una demanda ante el juzgado solicitando que se paralizara su muerte asistida, y el tribunal aceptó su petición.

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El padre de la joven, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, alega que su hija padece varias enfermedades mentales y considera la prestación un suicidio asistido. Según los demandantes, la joven sufre un trastorno límite de la personalidad, otro trastorno obsesivo-compulsivo, además de ideas suicidas que la han llevado a intentar quitarse la vida varias veces. El hombre, asesorado por la asociación, sostiene que no se cumplen los requisitos para la eutanasia, ya que considera que el consentimiento de su hija está viciado debido a sus enfermedades mentales.

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La complejidad del caso, según han reconocido los médicos, radica en la juventud de la paciente, las patologías de salud mental que padece y sus antecedentes autolíticos. La joven sufre una paraplejia completa provocada por un intento de suicidio en octubre de 2022, cuando saltó desde un quinto piso. Desde entonces, tiene una lesión medular que le impide mover las piernas, le causa dolor, debe desplazarse en silla de ruedas o de manera muy precaria con andador y férulas, y no puede realizar sus necesidades sin ayuda externa. Daños "permanentes e irreversibles", según la doctora del Instituto Guttmann que la trató durante cuatro meses.

Tras su paso por el Instituto Guttmann, la joven ingresó en otro centro sanitario, el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes. Allí volvió a expresar su deseo de morir dignamente. Los profesionales celebraron tres reuniones, con cinco meses de diferencia, para valorar si la paciente podía tomar la decisión de solicitar la eutanasia. Para los abogados de la Generalitat, esta prudencia demuestra "un cuidado exquisito por parte de los profesionales médicos que la asistieron durante todo este tiempo".

La Generalitat, que defiende el derecho de la joven a morir dignamente, ha mostrado su "perplejidad" por haber alargado durante más de medio año el sufrimiento de la paciente, a pesar de que "no se haya aportado ninguna prueba de carácter científico o pericial que contradiga los múltiples informes médicos que fundamentan la decisión". Según la Generalitat, el padre de la joven "se limita a hacer una interpretación profana de las consecuencias de los diagnósticos de su hija" y la asociación Abogados Cristianos "tiene como única y censurable finalidad aplazar el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental por parte de su titular, y se limita a expresar una divergencia ideológica tan legítima como inocua y, por supuesto, ajena a las garantías de los derechos fundamentales".

El juicio se produce en un contexto de debate sobre la aplicación práctica de la ley y los posibles obstáculos que enfrentan los pacientes para acceder a ella. En este sentido, el testimonio de la joven ante la justicia puede tener un impacto en futuros casos similares y en la evolución del derecho a la eutanasia en España