A juicio por primera vez en España la eutanasia a una joven cuyo padre se opone a su muerte digna

Barcelona

La eutanasia, a juicio. Por primera vez en España, un juzgado contencioso ha mandado a juicio la decisión sobre la muerte digna de una joven parapléjica de 24 años, que había recibido todos los avales médicos, pero cuyo padre se opuso a la eutanasia. Según avanza la Cadena SER, la vista se celebrará el próximo 4 de marzo a partir de las 10h y enfrentará a la Generalitat de Cataluña, que defiende la muerte digna de la joven y a la padre de la chica, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos que rechaza la eutanasia ya que alegan que la joven sufre varias enfermedades mentales y consideran la prestación, un suicidio asistido. La fiscalía, por su parte, pide escuchar a la joven y a los médicos especialistas antes de tomar una decisión.

Así pues, dentro de un mes, la magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona y las partes interrogaran a la paciente y a hasta siete médicos de diferentes disciplinas que avalaron la eutanasia de la joven. Según el auto al que ha accedido la SER, deberán declarar la médico del hospital en el que se encuentra; una neuropsicóloga y miembro de la Comisión de Ética que valoró su caso; una especialista en neurorrehabilitación del Instituto Guttmann; los dos médicos que recibieron, tramitaron y aceptaron la petición de eutanasia; la jefa de Interconsulta y Psiquiatría del Hospital Vall Hebrón y miembro de la Comisión de Garantías de la Generalitat, además de un médico forense, especializado en Psiquiatría, a fin que determine si la joven solicitó la eutanasia de forma libre, sin interferencias o influenciada por su enfermedad mental.

La joven quedó parapléjica tras intentar suicidarse hace dos años

La dificultad del caso, según reconocieron los médicos, reside en la juventud de la paciente, las patologías de salud mental que sufre y sus antecedentes autolíticos. La joven sufre una paraplejia completa provocada por un intento de suicidio en octubre de 2022, cuando saltó desde un quinto piso. Desde entonces, tiene una lesión medular que le impide mover las piernas, le causa dolor, debe desplazarse en silla de ruedas o de forma muy precaria con andador y férulas, y no puede hacer sus necesidades sin ayuda externa. Daños "permanentes e irreversibles", según la doctora del Instituto Guttmann, que la trató durante cuatro meses.

Pese a que la víctima solicitó la eutanasia casi de inmediato, después de verse postrada en una silla de ruedas, los médicos decidieron esperar al menos un año antes de iniciar el proceso. La psiquiatra que la evaluó determinó que aunque mostraba mucha "implicación en la rehabilitación", "predominaban en ella los sentimientos de desesperanza, malestar emocional y dificultad para aceptar las secuelas". Según los documentos a los que ha accedido esta emisora, la paciente también lamentaba la actitud de sus padres: "Me siento incomprendida por mi familia, me siento sola y vacía; toda esta situación me genera mucho sufrimiento", declaró a los médicos.

Tras su paso por el Instituto Guttmann, la joven ingresó en otro centro sanitario, el Hospital Residencia Sant Camil, de Sant Pere de Ribes. Allí volvió a expresar su deseo de morir dignamente. Los profesionales celebraron tres reuniones, con cinco meses de diferencia, para valorar si la paciente podía tomar la decisión de solicitar la eutanasia. Para los abogados de la Generalitat, esta prudencia demuestra "un cuidado exquisito por parte de los profesionales médicos que la asistieron durante todo este tiempo". La conclusión de los médicos fue positiva: la paciente insistía que "no quería vivir así", por lo que se acordó tramitar la petición de eutanasia. Y Tanto el primer médico que la atendió, como el segundo médico consultor, avalaron su muerte asistida.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

2 de agosto: cita para la eutanasia

El último paso era la opinión de los especialistas de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Generalitat, que de forma excepcional decidieron convocar a sus 19 miembros para debatir el caso de manera colegiada. El 15 de julio de 2024, el pleno resolvió por unanimidad concederle la eutanasia. En paralelo, el hospital donde sigue ingresada la joven recibió un misterioso correo electrónico en nombre de dos supuestas amigas de la paciente, en el que afirmaban que la joven había cambiado de opinión y adjuntaban una carta firmada por ella. El hospital citó a la joven junto a un notario que certificó, tras entrevistarla, que la chica no tenía ninguna intención de detener el proceso de eutanasia y que no recordaba haber escrito aquel documento.

Tras años dos años esperando la muerte asistida, la joven obtuvo una fecha: el 2 de agosto estaba previsto que recibiera la eutanasia. Sin embargo, el día antes, su padre presentó una demanda en el juzgado de Barcelona oponiéndose a su aplicación y pidiendo a la magistrada que paralizara la muerte asistida para valorar el caso. Y así lo hizo. Pocas horas después, otra juzgado recibía otra demanda idéntica. Esta vez, de otro padre, de más de 90 años, que pedía anular la eutanasia concedida a su hijo, de 53 años, tras sufrir tres ictus y dos infartos desde 2020. Desde entonces han pasado ya más de medio año, y ambos pacientes siguen esperando a que las juezas resuelvan lo que ya avalaron los médicos.

La Generalitat muestra "perplejidad" por haber prolongado durante más de medio año el sufrimiento de la joven

La Generalitat defiende el derecho de la joven a recibir la muerte digna y, en su escrito de contestación a la demanda, destaca "la perplejidad que causa el hecho de que, a pesar de la naturaleza del procedimiento, la prestación —vinculada a la dignidad humana— y el tiempo transcurrido desde la solicitud de la medida cautelar, no se haya aportado ninguna prueba de carácter científico o pericial que contradiga los múltiples informes médicos que fundamentan la decisión". Añade que "la demanda se limita a hacer una interpretación profana de las consecuencias de los diagnósticos de su hija".

El abogado de la Generalitat señala, además, la ausencia de un interés legítimo por parte del padre, dado que la muerte digna es un derecho personal e intransferible, y argumenta que la eutanasia cumple con todos los requisitos, "ampliamente documentados por diferentes facultativos médicos durante casi dos años, desde octubre de 2022". Especialistas en neurología, psiquiatría y psicología han dado su visto bueno a la muerte asistida de la joven, "complementados con las valoraciones y dictámenes" del resto de expertos.

Según la Generalitat, la organización Abogados Cristianos, que presentó la demanda, "tiene como única y censurable finalidad aplazar el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental por parte de su titular, y se limita a expresar una divergencia ideológica tan legítima como inocua y, por supuesto, ajena a las garantías de los derechos fundamentales".

Los argumentos de Abogados Cristianos y la Fiscalía

El padre de la joven alega que su hija padece un trastorno límite de la personalidad, otro trastorno obsesivo-compulsivo además de ideas suicidas que la han llevado a intentar quitarse la vida en varias ocasiones. Añade que la paciente mejoró con la terapia en el Instituto Guttmann y que puede caminar con la ayuda de muletas. Por ello, pidió frenar lo que considera un suicidio asistido, señalando "la obligación del Estado de proteger la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, como es el caso de una persona joven con problemas de salud mental". El hombre, asesorado por la asociación ultracatólica, añade que no se cumplen los requisitos para la eutanasia, ya que considera que el consentimiento de su hija está condicionado por sus enfermedades mentales.

La Fiscalía, por su parte, considera que los familiares están legitimados, como parte de su círculo cercano, para impugnar la decisión de los médicos. Dada la "trascendental importancia" del caso, el Ministerio Público no se posiciona a favor ni de unos ni de otros y solicita llevar el caso a juicio para escuchar tanto a la afectada como a los expertos antes de tomar una decisión. "Se hace imprescindible que la valoración se realice por un médico forense experto en psiquiatría, que pueda entrevistarse con la paciente y elaborar un informe sobre si el consentimiento prestado fue libre, sin injerencias o influencias derivadas de su patología mental, si lo mantiene y si el padecimiento que soporta por la enfermedad que padece puede calificarse de grave, crónico, constante e imposibilitante", condiciones necesarias para la aprobación de la eutanasia. "Asimismo, no puede resolverse el procedimiento sin escuchar a la interesada", concluye la Fiscalía.