Se duplican los móviles incautados en las cárceles catalanas: los funcionarios encuentras más de dos teléfonos al día

Barcelona

En los últimos cinco años, se ha más que duplicado el número de móviles interceptados dentro de las prisiones catalanas. Teléfonos con los que, según alertan fuentes penitenciarias, los internos pueden seguir gestionando sus negocios ilegales en el exterior o, incluso, comunicarse con víctimas sobre las que tienen una orden de alejamiento. En 2023, Justicia incautó 819 móviles, mientras que en 2018 fueron 350, y las cifras a las que ha accedido SER CATALUÑA a través de la ley de Transparencia muestran que, previsiblemente, el año pasado se alcanzó un nuevo récord: con dos o tres móviles decomisados al día.

Los datos del Departamento de Justicia también muestran que se ha duplicado la droga requisada a los presos. Con un número similar de registros anuales, la cantidad de estupefacientes ha aumentado un 150%, lo que demuestra que los cargamentos que circulan son cada vez más grandes. Desde 2019, en total, se han decomisado 90 kilos de distintas sustancias. Si en 2019 los funcionarios encontraron 9 kilos de droga entre los internos, el año pasado (y solo hasta octubre) ya eran 22 kilos.

"La droga y los teléfonos móviles generan deudas; deudas que hay que pagar, además de consumos. Y todo esto nos lleva a incidentes en los centros penitenciarios", lamenta Francesc, mando dentro de una de las mayores prisiones catalanas y portavoz de la asociación de funcionarios de prisiones, Marea Blava. Diversas fuentes penitenciarias destacan el aumento de teléfonos móviles dentro de los centros, aparatos prohibidos que se introducen de manera clandestina a través de visitas y vis a vis o mediante redes corruptas con trabajadores de los centros.

Los riesgos del móvil entre rejas: seguir delinquiendo, comunicarse con víctimas o grabar vídeos de la prisión

Los teléfonos ilegales sirven a los presos, en general, para comunicarse con sus familias o amigos, pero también para mantener negocios ilegales. "Cuando un interno tiene un teléfono móvil, lo primero que nos preocupa es si hay vigente alguna orden de alejamiento de alguna víctima y que, con ese móvil, pueda romper la orden de no comunicación, ya que cuando se introducen estos aparatos ilegales no podemos controlar las comunicaciones", explica Francesc, quien por seguridad prefiere no revelar su apellido.

El móvil también puede servir a algunos internos para mantener sus negocios en el exterior y controlar o comunicarse con el resto de la red. Es el caso de Lucky, el alias del líder de la mayor red de narcotráfico internacional de cocaína en Cataluña, desmantelada hace unos días por la Guardia Civil. Según explicaron los investigadores, toda la estructura de la organización estaba dirigida por un hombre que se encontraba en prisión. Sin embargo, "lo que preocupa a los funcionarios de prisiones", añade este funcionario, "es una nueva actividad que pueden iniciar los internos: la coordinación para introducir droga en los centros penitenciarios".

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"No se descarta un uso más lúdico de los teléfonos", admite Francesc, quien alerta de que, muchas veces, incluso este uso pone en riesgo la seguridad de los centros. Un ejemplo son los vídeos grabados en celdas o, incluso, videoclips amateur filmados en espacios comunes por algunos internos, que luego suben a las redes sociales y muestran el interior de las prisiones.

De micromóviles a smartphones: ya son el 50%

Trabajadores de varias prisiones coinciden en que, en los últimos años, han detectado un cambio en el tipo de teléfonos que se cuelan en las cárceles. Hace pocos años, el 100% eran los conocidos como micromóviles, pero actualmente, y desde hace un par de años, la mitad de los teléfonos interceptados ya son smartphones.

Los primeros son móviles de unos 8 cm, valorados en la calle en unos 20 euros, cuyo precio se multiplica por 15 dentro de la prisión, llegando a costar hasta 400 euros. "Entre 300 y 400 euros, ya que no es un mercado fijo", explica el responsable de varios módulos a SER CATALUÑA. El segundo tipo, smartphones de unos 15 cm, se venden de contrabando en la cárcel por entre 600 y 1.000 euros, según diversas fuentes penitenciarias.

Prueba piloto con inhibidores de telefonía

Tanto sindicatos como asociaciones y profesionales a título personal reclaman medidas a la administración contra el aumento de estos dispositivos y también de sustancias estupefacientes. "No puede ser que la administración haya aceptado y normalizado que circule droga en los centros penitenciarios", se queja una sanitaria que trabaja en una prisión. "Los datos muestran la permeabilidad del sistema y no vemos a la administración respondiendo", protesta un jefe de unidad de Marea Blava.

Preguntada por estos datos, la consejería de Justicia ha declinado hacer comentarios o declaraciones. El anterior Departamento, con Gemma Ubasart como consejera, impulsó una prueba piloto con inhibidores de telefonía en la prisión de Brians para acabar con el contrabando de móviles, según explican varias fuentes penitenciarias. Sin embargo, el sistema no funcionó y tuvo que suspenderse porque los inhibidores también afectaban a los teléfonos y las comunicaciones de los trabajadores del centro.