La Generalitat catalana quita la tutela a los padres de dos hermanas bengalíes por riesgo de que las casen
Una de las jóvenes denunció a sus padres ante los Mossos d'Esquadra porque querían obligarla a casarse con un hombre de su país
Patrulla de los Mossos d'Esquadra / Mossos
Barcelona
La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya ha quitado la tutela a los padres de dos hermanas bengalíes ante el riesgo de que las obliguen a casarse con personas que no quieren. Anoche, una de estas jóvenes denunció ante los Mossos d'Esquadra en Barcelona que sus padres querían obligarla a casarse con un hombre de su país, por lo que se encuentra en estos momentos bajo protección en un piso de la Generalitat. Fuentes del Departamento de Derechos Sociales han informado este viernes de que no es solo una joven la que ha pedido protección, sino dos y que son hermanas.
La policía catalana se ha coordinado con la Dgaia para instalar a las jóvenes un piso de protección oficial, para así evitar que se consume dicho matrimonio forzado.
Dos jóvenes paquistaníes residentes en Terrassa (Barcelona) y víctimas de sendas bodas concertadas, fueron asesinadas por miembros de su familia en Pakistán por querer divorciarse.
27 casos en España desde 2015
Los distintos cuerpos policiales han detectado desde 2015 en España 27 matrimonios forzados, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Efe a partir de la información recopilada por los diferentes cuerpos (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral).
La comunidad en al que se han detectado más casos desde 2015 es Cataluña (14), seguida de País Vasco (5). En el mismo periodo las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de matrimonios concertados también en Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana, cada una con un caso, mientras que hubo dos que se detectaron en el extranjero.
Considerado una violencia machista, el matrimonio forzado es la unión de dos personas en la que, al menos una de ellas, generalmente la mujer, no otorga su pleno y libre consentimiento y se ve obligada a casarse por la presión emocional, psicológica o incluso física de la familia.
El Código Penal establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona a contraer matrimonio "con intimidación grave o violencia". Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.
