Piden al TSJ que defienda los derechos de un alumno con discapacidad que consideran vulnerados en el instituto al que acude

Aranda de Duero

El hartazgo de una familia arandina por la falta de medidas suficientes que garanticen la educación de su hijo con discapacidad y la consiguiente discriminación que perciben en el instituto en el que cursa primero de Bachillerato ha llegado a los tribunales. El alumno sufre ceguera funcional y trastorno del espectro autista, circunstancias por las que la familia lleva años reclamando medidas que faciliten el ejercicio al derecho fundamental a la educación sin discriminación con el resto de alumnado. Tras no haber recibido respuesta de la Consejería de Educación a la última reclamación de medidas y recursos que formularon en el primer trimestre de este curso, basada en el informe psicopedagógico que realizaron los propios servicios de orientación del instituto, los progenitores del alumno han interpuesto un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El menor lleva escolarizado en el mismo instituto, el IES Vela Zanetti de la capital arandina, durante prácticamente toda la educación secundaria (excepto un curso que llevó a cabo en el centro especializado de la ONCE en Madrid), obteniendo resultados satisfactorios año a año y superando la ESO con una adaptación sin ajustes significativos, al contar con una capacidad intelectual alta-media, como indican los informes psicopedagógicos. Pero ha sido al acceder a Bachillerato cuando las barreras para continuar con su desarrollo educativo se han acentuado. No cuenta con apoyo individualizado en el aula (cuenta únicamente con un docente proporcionado por la ONCE dos horas a la semana) y la familia también echa en falta las adaptaciones de acceso y metodológicas que indica el mencionado informe, como tiempos, planificación, explicaciones y atención adecuadas a su circunstancias. Denuncian también las trabas que se encuentra este alumno para participar en actividades extraescolares, para algunas de las cuales, como las pernoctaciones, se exige que esté permanentemente acompañado por una persona responsable, bien sea alguno de sus padres o a quienes estos designen, corriendo la familia con los gastos correspondientes.

Una de las cuestiones que se consideran más graves en el recurso es la negativa del centro a administrarle el colirio que requiere cada tres horas. Hasta el pasado curso de esta tarea se encargaba el profesor de la ONCE los tres días a la semana que acude al centro, mientras que los dos días restantes aplicaban el colirio miembros del equipo de orientación. Una tarea que con el cambio de profesionales en este equipo se ha dejado de atender. Según informe del servicio de Oftalmología del HUBU el alumno presenta mayor irritación y riesgo de lesiones en sus ojos y recomienda la estricta aplicación de la pauta en la medida terapéutica. Por ello piden al TSJ medidas cautelares mientras se resuelve el recurso presentado para que se garantice la administración del mencionado colirio por profesionales del centro educativo.

Por su parte el centro educativo rechaza con toda rotundidad estas acusaciones. Su director asegura, en primer lugar, que el profesorado está actuando con muy buena fe con este alumno. Prueba de ello es que gracias a su implicación y a las adaptaciones curriculares (que la familia niega) el menor ha podido titular en ESO. Sin embargo consideran que la etapa educativa de Bachillerato, en la que la evaluación ya no es de tipo competencial sino que se centra en contenidos, supone una dificultad para este alumno, para el que ven más indicadas otras opciones. Una recomendación que aseguran han trasladado a la familia sin éxito en varias ocasiones.

También matizan que las demandas de la familia exceden las competencias del centro, que las ha elevado a través de inspección educativa la Comisión Técnica Regional correspondiente. Trámites que comenzaron el pasado mes de diciembre sin que se conozca su decisión casi tres meses después. Este organismo es del que se espera un dictamen tanto de las peticiones de la familia en el ámbito académico como en el de las actividades extraescolares. También deberá pronunciarse sobre la administración del colirio al menor. Desde el centro afirman con rotundidad que su personal no tiene obligación de echar estas gotas, una tarea que hasta ahora se había asumido voluntariamente, pero que ha dejado de realizarse por la inseguridad y falta de confianza que el personal achaca a la actitud hostil de la familia. Cabe indicar en este punto que la familia se enfrentó a esta misma negativa en la etapa de educación primaria, que terminó con una resolución de la Dirección Provincial de Educación que indicaba que "la colaboración del profesorado del centro en la administración de este colirio hidratante sería considerado un ajuste razonable en función de las necesidades especiales a las que alude su familia"

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Por lo que se refiere a las actividades extraescolares desde el centro aseguran que el alumno está participando en la mayoría de ellas con normalidad, incluso en las que requieren desplazamiento fuera de Aranda. Explican que la obligación de ser acompañado por un responsable en las salidas con pernoctación se aprobó en un Consejo Escolar por unanimidad y para mayor protección del alumnado con discapacidad.

Argumentos que no han convencido a la familia, que además de llevar el asunto a los tribunales también busca que el caso tenga visibilidad social para concienciar de la carencia de recursos que sufre su hijo para poder acceder sin discriminación a una educación inclusiva. Para ello harán pública su protesta el próximo lunes ante las puertas del centro al final de la jornada escolar.