La nueva ley de FP, cuando la normativa choca con la realidad

Aranda de Duero

La formación profesional se ha convertido en una vía fundamental para la inserción laboral de miles de jóvenes en España. Conscientes de la necesidad de acercar la educación al mundo del trabajo, la nueva Ley de Formación Profesional (Real Decreto 3/2022) introduce la obligatoriedad de que los alumnos de primer curso realicen prácticas en empresas.

Sobre el papel, la medida es positiva: permite que los estudiantes tomen contacto con su futuro entorno laboral desde una etapa temprana y refuercen su aprendizaje con experiencia práctica. Sin embargo, su aplicación en muchos sectores está resultando ser un desafío considerable, hasta el punto de que numerosas empresas que querrían colaborar con la formación de nuevos profesionales se están viendo imposibilitadas para hacerlo.

Uno de los principales inconvenientes de esta normativa es la edad de los alumnos. En la mayoría de los ciclos de grado medio, los estudiantes comienzan sus estudios con 16 años, lo que significa que no han alcanzado la mayoría de edad al iniciar las prácticas. Esto representa un problema en sectores donde la normativa laboral o las normas internas de las empresas impiden la presencia de menores en ciertos entornos de trabajo.

Es el caso de actividades que requieren un alto grado de seguridad, como las industrias técnicas, la construcción o los servicios especializados que se desarrollan en instalaciones de terceros. Muchas empresas operan en entornos con regulaciones estrictas de acceso, donde se exige extensa documentación específica y certificaciones de prevención de riesgos laborales. En la mayoría de los casos, la entrada de menores no está permitida.

Por otro lado, muchas pequeñas y medianas empresas, que en la práctica son las que más contribuyen a la inserción laboral de jóvenes en España, se encuentran con dificultades burocráticas y organizativas que hacen que acoger a alumnos en prácticas sea un proceso complejo. La normativa parece diseñada pensando mas en grandes empresas con departamentos de formación y recursos humanos especializados, sin considerar que una parte importante del tejido productivo está compuesto por pymes y micropymes con menos capacidad de gestión.

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La consecuencia de este desajuste normativo es que se está generando un sistema viciado en el que todas las partes se ven perjudicadas. Los centros educativos tienen muchas dificultades para encontrar empresas donde sus alumnos puedan realizar las prácticas necesarias para completar su formación. Las empresas, aunque quieran acoger estudiantes, se ven limitadas por las barreras normativas y organizativas. Y los propios estudiantes, que deberían beneficiarse de esta experiencia, terminan sin poder acceder a las prácticas o haciéndolo en condiciones poco adecuadas para su aprendizaje.

Todo esto sucede en un momento en el que el mercado laboral enfrenta una escasez creciente de perfiles técnicos y profesionales especializados. Oficios con una fuerte demanda, donde la automatización y la inteligencia artificial no pueden sustituir la labor humana, se ven afectados por la falta de relevo generacional. La FP debería ser una solución a este problema, pero con estas dificultades, corremos el riesgo de que la normativa termine siendo un freno en lugar de un impulso.

En definitiva, la FP es clave para el futuro del empleo en España, pero necesita un marco normativo que tenga en cuenta las realidades del mercado laboral. De lo contrario, lo que en principio es una medida positiva puede convertirse en un obstáculo más, dejando sin oportunidades a los estudiantes y sin profesionales a los sectores que más los necesitan.