El servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Burgos tiene a 600 personas en espera
El PSOE acusa de falta de voluntad al equipo del PP por presupuestar por debajo de las necesidades
El debate se ha suscitado en el pleno de la Diputación del 5 de abril de 2022 / Radio Castilla
El Grupo Provincial Socialista denuncia que el servicio de ayuda a domicilio de la Diputación tiene una lista de espera de más de 600 personas por falta de voluntad política del PP a la hora de dotarlo de los recursos suficientes.
Según el diputado Ignacio Grajal, esta situación se ha generado desde enero de 2024 hasta la actualidad y lo achaca, entre otras cosas, a la rectificación del pliego de condiciones económicas que el equipo de gobierno aprobó para el nuevo contrato, que se inició en el pasado mes de septiembre, y que redujo las previsiones iniciales de alcanzar las 443.000 horas de prestación en 2025 y llegar hasta las 614.000 en 2027.
Con esta modificación, que preveía un importe de 47 millones de euros para dos años prorrogable por uno más, el contrato quedó en 14,4 millones por dos años y una posible prórroga de un tercero.
De ahí que, pese al anuncio del equipo de gobierno en septiembre de 2023 de aumentar los importes y las horas, la realidad tras la rectificación es que se están prestando 3.343 horas mensuales menos desde la entrada en vigor del nuevo contrato, en septiembre de 2024.
Grajal ha explicado que aunque la Diputación sí atiende los casos urgentes- una treintena en el pasado mes de febrero- la lista de espera de las personas que tienen reconocido el derecho al servicio sigue incrementándose por imposibilidad económica de asumirlas con el actual contrato.
De hecho, el Partido Popular se escuda en la imposibilidad de aumentar la prestación y el gasto en este servicio al menos hasta que se cumpla un año del nuevo contrato con la necesidad de evitar conflictos o litigios con los licitadores que no resultaron adjudicatarios.
Sin embargo, el socialista entiende que “es una clara falta de voluntad política” y que la Diputación puede buscar fórmulas legales para solucionarlo, aunque la competencia última es de la Junta de Castilla y León.
Asimismo, se ha mostrado convencido de que el equipo de gobierno se ha fijado como límite una prestación de 370.000 horas de ayuda a domicilio anuales, como en 2024, a pesar de que la necesidad va en aumento, dado el progresivo envejecimiento poblacional en el medio rural –en el pasado febrero se incorporaron 90 personas más a la lista de espera- y a la necesidad de combatir la despoblación.
En su opinión, resulta difícil explicar por qué la Diputación se niega a destinar mayor partida a un servicio al que en realidad destina 1,1 millones de recursos propios, puesto que, al ser una competencia autonómica, la Junta destina alrededor de 5 millones de euros y los usuarios aportan aproximadamente 1,2 millones.
Sobre todo, porque el presupuesto de la institución provincial para 2025 alcanza los 165 millones de euros. De ahí que Grajal insista en que es una cuestión de voluntad política que está perjudicando también a las más de 400 trabajadoras del servicio, que ven reducidos sus ingresos con la disminución de horas. Y este hecho dificulta, además, según advierte, encontrar personas dispuestas a trabajar en ayuda a domicilio en determinadas zonas del medio rural.
