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El alcalde de Salamanca niega que el Gobierno desconozca el uso que tendrá el edificio de Puente Ladrillo

Posible centro de acogida de inmigrantes

Polémica por la posible instalación de un centro de inmigrantes en Puente Ladrillo, Salamanca

Polémica por la posible instalación de un centro de inmigrantes en Puente Ladrillo, Salamanca

Salamanca

Continúa la polémica. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asegurado que es “absolutamente falso” que el Gobierno desconozca el uso que pretende dar al edificio del salmantino barrio Puente Ladrillo, recientemente adquirido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tal y como insinuó la pasada semana el delegado del Ejecutivo en Castilla y León, Nicanor Sen.

García Carbayo asegura que el Gobierno tramitó una declaración responsable en la que solicita una licencia para la implantación en dicho edificio, antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CEPI).

“No entiendo muy bien las declaraciones de ciertas personas diciendo que no tenían claro ese destino, lo tenían claro desde hace mucho tiempo. Podrían haber cambiado de idea, eso sí. Pero que no lo tenían decidido es falso absolutamente porque está escrito”, manifestó el regidor salmantino en alusión a la declaración responsable recibida en instancias municipales para acometer las obras de rehabilitación que, una vez comenzadas, alertaron a los vecinos.

El alcalde de Salamanca sobre el posible centro de inmigrantes en la ciudad

El alcalde de Salamanca sobre el posible centro de inmigrantes en la ciudad

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Una obra que, según confirmó García Carbayo, se encuentra paralizada porque la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento es “insuficiente”. Por lo tanto, “se ha requerido nueva documentación” y están a la espera de recibirla. No obstante, el alcalde insistió en que “en esa declaración se hablaba claramente de un centro para alojar migrantes”.

Es más, citando ese documento, García Carbayo afirmó que la pretensión del Ministerio es habilitar un total de 448 plazas, lo que, según la Junta de Castilla y León, contravendría la normativa autonómica. Además, Inmigración plantea en su declaración responsable, según ahondó el primer edil, la posibilidad de “incrementar las plazas si fuera necesario”.

 

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