"No estamos dispuestos a que se nos utilice para esto": Castilla y León abandona la reunión en Hacienda sobre la quita de la deuda

Valladolid

Castilla y León dice basta. La Junta, junto al resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, abandonan en bloque la reunión en la que se iba a abordar la quita de deuda propuesta por el Gobierno de España a las CCAA. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, denuncia que han acudido a un encuentro en el que ya estaba todo acordado: "Hay unos partidos separatistas que son los que establecen la hoja de ruta, no estamos dispuestos a que se nos utilice para esto".

Carriedo afirma sentir "impotencia" tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera: "Hemos ido a una reunión en la que daba igual que otras Comunidades quisiésemos otra cosa y quisiésemos dialogar para un acuerdo", ha incidido el consejero castellano y leonés.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda | Castilla y León abandona la reunión en Hacienda sobre la quita de la deuda: "No estamos dispuestos a que se nos utilice para esto"

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El titular del área fiscal y económica de la Junta defiende que "la gente de Castilla y León merece ser escuchada" en los asuntos en los que está afectada directamente: "No somos ciudadanos de segunda división a los que se llama después de que la decisión esté tomada para contar lo que se ha decidido en otra mesa y en otro sitio".

Castilla y León se ha opuesto desde el primer momento a esta quita de deuda: el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha argumentado este martes que la medida es injusta e inmoral y que no elimina ninguna deuda, simplemente la reparte entre todos los españoles.

El consejero de Economía y Hacienda explicaba este martes en la Cadena SER que la Junta se opone a la quita por "dignidad y principios": la administración autonómica estima que la medida reporta 523 euros más de deuda para cada castellano y leonés.

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Con la quita propuesta por el Gobierno, según los cálculos elaborados por el propio Ejecutivo central, Castilla y León vería reducida su deuda en 3.643 millones de euros, un 27% del total de la comunidad, estimada en 14.006 millones de euros.

El grueso de la deuda de Castilla y León es con las instituciones financieras (7.613 millones de euros), no con el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, el llamado FLA: la deuda con este organismo es de 1.774 millones de euros, lejos de autonomías como Cataluña, cuya deuda con el Fondo es superior a los 77.000 millones de euros.

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Comunicado de las CCAA del PP

Las 12 Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, más Ceuta y Melilla, han emitido un comunicado conjunto rechazando el orden del día de la reunión del CPFF: "Expresamos nuestra oposición a que el CPFF aborde la mutualización de la deuda autonómica, porque dicha decisión se plantea con el propósito de sostener una mayoría parlamentaria. Prueba de ello es que fue el líder de Esquerra Republicana de Cataluña quien la anunció de forma unilateral y previamente a que la ministra de Hacienda lo trasladase al resto de las comunidades. Además de tratarse de una decisión arbitraria, discriminatoria (pues ni siquiera se ha tenido en cuenta territorios de España como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) y politizada, cabe señalar que este órgano carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales, tal y como reconoce la propia documentación remitida. La Constitución Española, en su artículo 157, y el marco jurídico vigente son claros al respecto, y cualquier discusión sobre esta materia debe canalizarse exclusivamente a través del procedimiento legislativo correspondiente. Por todo ello, declinamos participar en la votación de esta medida, a la que nos oponemos tajantemente de forma unánime. En lo que dependa de nuestras respectivas Comunidades, los órganos institucionales deben estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no instrumentalizarse al servicio de intereses políticos particulares".

Ante esto, reclaman al Gobierno de España la necesidad de "no retrasar más la reforma del sistema de financiación autonómica y local, amparada en: "volver a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre las administraciones del Estado y, consecuentemente con ello, paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo; condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda; reclamar al Gobierno de España su compromiso de ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica, como se hizo en las reformas de 1997 y 2001; solicitar la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas; manifestar la necesidad de garantizar una verdadera cogobernanza de los Fondos Next Generation y blindar el respeto a la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas".