Noa recoge firmas para que la Junta le proporcione el ATE que le prometieron

Valladolid

La lucha de Laura Jódar sigue adelante. Su hija Noa sufre Síndrome 5 P-, una enfermedad rara que provoca retraso en el desarrollo, baja autonomía y dificultades en el aprendizaje; por ello, fue sometida a un informe psicopedagógico, que lleva a cabo la propia administración, y que determina las necesidades de la niña en el ámbito educativo. Ese documento recoge que necesita un Asistente Técnico Educativo, un ATE, pero la Junta lleva meses negándose a cumplir con ello.

Por eso ha comenzado una recogida de firmas en change.org para que la Junta le proporcione a la niña el ATE que el propio gobierno autonómico reconoce que necesita pero que aun así, le niega. Es más, la consejería de Educación llegó a decir que era un recurso "no razonable".

Hasta que ese ATE llegue, al menos Noa cuenta con un equipo docente, el del Tierno Galván, que se vuelca con ella: "Ella tiene una baja autonomía, por lo que entra un poco antes, y la PT [pedagogo terapéutico] o la AL [profesor de audición y lenguaje] le ayuda a subir las escaleras; la tienen que ayudar con el almuerzo para no ahogarse, la ayudan a ir a clase... los profesores hacen su función y otras que no le corresponden".

"No estamos pidiendo nada extraordinario, sólo que se cumpla la ley y se respete el derecho de Noa a recibir los apoyos que necesita", reza la petición, que concluye exigiendo "que La Consejería de Educación asigne de inmediato un ATE al CEIP Tierno Galván".

Procurador del Común

La lucha de Laura ha llegado incluso al Procurador del Común, que le dio la razón e instó a la Junta a proporcionar aquellos recursos que la niña necesita, en cumplimiento con la ley: "La Administración educativa debe facilitar al/a la alumno/a al que se refiere esta Resolución el apoyo de ATE en el centro ordinario en el que va a estar escolarizado/a en el curso 2024/2025, junto con el resto de apoyos indicados en el último Informe psicopedagógico realizado a dicho/a alumno/a".

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La resolución afea a Educación que negara ese ATE aludiendo a que tiene "recursos limitados".

Educación inclusiva

Esa resolución iba más allá y abordaba el tema de la educación inclusiva: advertía Tomás Quintana a la Junta de Castilla y León de que la escolarización en centros especializados se debe limitar al alumnado con necesidades "graves y permanentes" y que, en todo caso, se debe justificar la no escolarización en centros ordinarios. Para ello citaba, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2014, de 27 de enero, además de otras del Supremo, el Superior de Justicia de Castilla La Mancha o el de la Comunidad de Madrid.

Ley de Castilla y León

Es más, la propia ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León recoge que se garantizará el acceso del alumnado a un centro ordinario con los apoyos necesarios inspirándose expresamente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No vinculante

Sin embargo, las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes, lo que quiere decir que las administraciones no están obligadas a cumplir con ellas. Por eso, Educación respondió que ese ATE era "desproporcionado". Es más, llegó a asegurar que el recurso lo exige la familia y eso es directamente mentira dado que, como hemos explicado, viene recogido en su informe psicopedagógico.