La Asociación Morir Dignamente denuncia la dejadez de la Junta en cuidados paliativos: cinco años con el protocolo de actuación caducado

La paralización del proyecto de ley de Derechos y Garantías al final de la Vida que no llegaba ni a tomarse en consideración en el último pleno deja un poso amargo en la asociación Morir Dignamente que considera que no se puede negar un debate parlamentario que se inició en la anterior legislatura en la que el PP gobernaba con Ciudadanos.

Un texto muy parecido al actual, con pocas modificaciones y con un cambio de posicionamiento por parte de los populares que aseguran no entender: "La modificación a la que se refiere el PP es a que no se mencionaba la palabra eutanasia, lo cual sería ahora irregular puesto que es una ley orgánica y debe ser citada en el preámbulo", asegura Fernando Sanz, portavoz de la asociación en Castilla y León.

De hecho, matiza que en el texto que decaía ayer se mencionaba la palabra eutanasia tan solo "dos veces" y solo para explicar que los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su derecho a la este procedimiento: "Si eso es modificar sustancialmente el texto, yo ya no sé" ha matizado Sanz.

El PP además se escudaba para mostrar su rechazo al proyecto legislativo en que "ya se daba el tratamiento adecuado" en el tramo final de la vida y existían los recursos "necesarios" para prestar los cuidados paliativos. Desde Morir Dignamente niegan la mayor: "la única regulación que conocemos es un plan de paliativos 2017-2020 que no ha sido corregido ni sustituido por otro, que ha caducado. La Junta tiene la responsabilidad de aportar los medios, pero que lo esté aportando está por demostrar porque hay indicadores en el plan que no conocemos ni cómo se ha evaluado. Tengo la sensación de que la atención al final de la vida está francamente desatendida" recalca.

Las condiciones en las que fallecen los pacientes dependen de "la buena voluntad" sanitaria

Desde la asociación aseguran que las condiciones en las que fallecen las personas en procesos terminales en Castilla y León dependen "del buen hacer y voluntad" de los profesionales. Por ello piden una regulación que aporte un "rango distinto" para atender a los pacientes: "Hay gente que tiene suerte, quizá cada vez más, pero el acceso a la sedación terminal en algunos centros no está siendo bueno, nos llegan ecos de que algunas personas fallecen en medios hospitalarios en condiciones deplorables y todo esto debe medirse". Por ello, reclaman la creación de un Observatorio de la Muerte Digna que actualmente tienen comunidades como Cataluña, Asturias, Navarra o Euskadi.

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