Ya hay fecha para el juicio de las eólicas: 50 sesiones entre septiembre del 2025 y enero de 2026
La Audiencia Provincial de Valladolid ha notificado a las partes el inicio del proceso judicial en el que hay 16 encausados.
Edificio de la Audiencia Provincial de Valladolid / Miriam Chacón
El juicio por la conocida trama de las eólicas ya tiene fecha. La Audiencia Provincial de Valladolid ha fijado 50 sesiones para desarrollar este proceso que tendrán lugar entre el 15 de septiembre de este año y el 28 de enero de 2026.
Un paso más que llega tras finalizar la instrucción de la causa, hace casi dos años. El proceso ha sido complicado según ha explicado el abogado de Ecologistas en Acción que ejerce como acusación popular. Aún así, Emilio Martínez espera que la resolución sea ejemplarizante: "Ha sido una instrucción difícil, minuciosa y profunda. Sobre todo encontrándonos enfrente a quien por su posición económica, maneja todo tipo de recursos para retrasar e impedir que se haga una justicia más rápida que contribuiría a que la gente tenga una sensación de que realmente se hace justicia".
Durante este tiempo se tratará de dirimir la responsabilidad de varios ex cargos de la Junta de Castilla y León para favorecer la entrada de pequeñas empresas de la comunidad en las promotoras encargadas de construir parques eólicos. A estas se les exigiría como requisito para obtener la autorización que los negocios locales tuviesen una participación económica. El principal investigado es el exconsejero de Economía, Rafael Delgado a quien se le piden 42 años de prisión y 239 millones de euros.
Junto a él otros 16 cargos entre antiguos cargos de la Junta y responsables de empresas de este sector. Alberto Esgueva, a quien se le solicitan 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.
En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa y a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones.
Además, Fiscalía Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL, e idéntica pena privativa de libertad y 215.000 euros para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación.
En total, suman 138 años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda Pública: "Juzgar cuestiones de hace diez años o más, lo convierten casi en un juego teatral y la relación entre el hecho de que alguien la haga y la pague, si no tiene un carácter más automático puede afectar a la ejemplaridad que debería tener la administración de Justicia" destaca el letrado Emilio Martínez que aún así ha agradecido la labor llevada a cabo por el Ministerio Fiscal en su labor de investigación, así como la Abogacía del Estado.
