El atasco de expedientes en la Oficina de Extranjería impide la llegada de 42 camioneros de Perú a Valladolid

Valladolid

Las dificultades de las empresas del transporte para encontrar personal se suma ahora un nuevo problema: el burocrático. El atasco de expedientes en la Oficina de Extranjería impide la llegada de 42 camioneros de Perú a Valladolid; es la denuncia que hace ASETRA, la Asociación Empresarial de Transportes en Valladolid.

Hace seis meses ASETRA, que representa a cerca de 300 empresas del transporte de Valladolid, firmó un acuerdo con la consultora gallega Talento Grupo Internacional para facilitar la contratación de conductores profesionales de Perú. Según las primeras estimaciones y según las comunicaciones realizadas por empresas de las provincias de Valladolid, Palencia y Segovia, iban a llegar a la provincia vallisoletana un centenar de estos conductores peruanos.

Solicitaron los trámites durante el verano de 2024, en octubre se emitieron los expedientes, pero más de noventa días después continúan sin respuesta más allá del mensaje que la Subdelegación del Gobierno les da: "Hay dificultad en el personal para sacar los expedientes. No nos pueden dar un plazo estimado porque tienen tanto atasco que no saben cuando pueden salir adelante. Tenemos 42 expedientes y la mitad ya han pasado el plazo máximo legal" explica en la Cadena SER Virginia Muñoz, presidenta de ASETRA Valladolid.

Desde esta organización empresarial se ha recurrido a diferentes instancias oficiales para tratar de resolver un problema que "pone en riesgo la contratación de nuevos trabajadores para el sector del transporte de mercancías por carretera". Denuncia que la situación sigue paralizada.

En este sentido, toda esta situación está generando problemas organizativos para las empresas del sector a la hora de hacer la planificación: "Ya teníamos problemas con falta de conductores. Una de las medidas que adoptados fue esta y nos estamos encontrando con el problema de que estos retrasos nos impide planificar".

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Así, Virginia Muñoz sostiene que estos retrasos generan "incertidumbre", algo que "penaliza" a las empresas de la provincia y de Castilla y León a la hora de firmar nuevos contratos o renovar otros ya vigentes.