Los sindicatos educativos exigen la creación de 82 plazas docentes en León y acusan a la administración de “racanear” en la atención a la diversidad

Los sindicatos educativos han reclamado la creación de al menos 82 plazas docentes más en los centros públicos de la provincia de León. En el inicio de la negociación de las plantillas, la Junta de Personal ha acusado a la administración de trampear los datos con el fin de evitar la creación y estabilización de nuevas plazas, argumentando criterios puramente economicistas.

El caso más evidente, según denuncian, se da en el profesorado de atención a la diversidad, aquellos docentes que refuerzan la educación de los alumnos con necesidades especiales, como los de compensatoria, audición y lenguaje o pedagogía terapéutica. En este sentido, critican que la administración utilice los datos de septiembre para evaluar las necesidades de los centros, cuando en realidad es a lo largo del primer trimestre cuando se llevan a cabo la mayoría de las evaluaciones que determinan las necesidades reales de los colegios.

“La prueba de que la cosa va mal la podemos observar sobre todo en la atención a la diversidad”, denuncia el presidente de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia. “No es posible que digamos todos los sindicatos que los datos que nos dan están mal y que ellos se pongan de perfil. Es una trampa a la negociación y una burla a la ciudadanía que nos den datos de septiembre de alumnos con necesidades educativas especiales, cuando la negociación de plantillas se plantea en enero y en enero hay muchos más datos”. Ampudia señala que “una gran parte de los diagnósticos que llevan dictamen validado por la inspección de aquellos alumnos que de verdad necesitan atención educativa especializada se realizan durante el trimestre”.

Según el dirigente sindical, “están escondiendo la cabeza debajo del ala para incumplir el compromiso de dotar a los centros de maestras en pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y de maestras de compensación educativa, y esto sucede año tras año. Creo que hay que denunciarlo públicamente”.

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Las 82 plazas que los sindicatos reclaman para la educación pública leonesa y que la administración ha rechazado se distribuyen de manera equitativa entre los colegios de infantil y primaria y los centros de educación secundaria, Formación Profesional, así como las enseñanzas de artes e idiomas. En este último caso, los sindicatos lamentan que la excusa para no aumentar la plantilla sea siempre la posible evolución negativa de las matrículas en el siguiente curso.

"La administración no ha atendido esta propuesta bajo el epígrafe de que no cumple los criterios, que eso sería muy discutible”, critica Ampudia. “Hay otras veces que sí los cumple y la administración reconoce que los cumple, pero teme crear la plaza y se escuda en la frase de ‘vamos a esperar su evolución’. Bajo esta excusa, incurren muchísimas plazas de FP de la zona rural leonesa: llevamos esperando la evolución 25 años y siguen sin crearse las plazas”.

Para el presidente de la Junta de Personal Docente, el problema va más allá de la mera falta de contratación. “Nos someten a una negociación donde los argumentos son absurdos, los datos son falsos y las consecuencias no son las lógicas de las que se deberían extraer una negociación honesta. La administración poco a poco está dañando las plantillas públicas docentes”.

Ampudia denuncia además que la situación es especialmente grave en la atención a la diversidad: “La administración racanea lamentablemente y de manera odiosa las plazas del profesorado de atención a la diversidad y la verdad es que lo debe hacer por un afán economicista solamente”.

Los sindicatos aseguran que reciben constantes peticiones de los centros educativos alertando de la falta de recursos: “Hay peticiones diarias de los centros que nos llaman a nosotros muchas veces suplicando ayuda para que a ver si espoleamos un poco a la administración para que por fin autorice medio PT para que pueda atender a un alumno con trastorno del espectro autista profundo”, afirma Ampudia. “Consideramos que si en ese caso la directora pide medio PT, la autorización tendría que ser inmediata, en un día o dos como mucho, pero nos encontramos con que lo habitual es que pasen dos semanas o un mes, y esto no es aceptable”.

Por último, el presidente de la Junta de Personal Docente subraya que la educación pública debería ser una prioridad: “Los centros públicos, que son la obligación primera de la administración, tenían que ser los mejor tratados y sin embargo no lo son”.