El Pacto de las Familias de Castilla y León: modificar la renta de ciudadanía, progresividad en las ayudas al alquiler e historia social única
El acuerdo incluye poner en marcha un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores y jóvenes provenientes de los sistemas de protección a la infancia
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto de firma del Pacto Social por las familias de la Comunidad / Miriam Chacón ICAL
Valladolid
La puesta en marcha de un grupo para trabajar en la modificación de la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores y jóvenes provenientes de los sistemas de protección a la infancia, la incorporación de criterios de progresividad en favor de las rentas más bajas en las ayudas al alquiler de 2025 y la historia social única se recogen como actuaciones para este año en el Pacto Social de las Familias de Castilla y León.
El documento, firmado hoy por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y representantes de 45 entidades del Tercer Sector, contempla 56 medidas en materia de educación, empleo, vivienda y servicios sociales y también un anexo de actuaciones en este año, a cuyos contenidos ha tenido acceso Ical.
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Bajo el bloque de “ingresos suficientes para una vida digna”, además de la modificación de la renta de ciudadanía para vincular la prestación al empleo y la educación, se contempla la petición formal en el primer trimestre de este año de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital para su gestión por la Comunidad.
En el mismo bloque, se elaborará un procedimiento para verificar si los solicitantes de ayudas de la Junta en situación de vulnerabilidad están participando en los programas de intervención o apoyos que se hayan puesto a su disposición y también, en el caso de tener menores a su cargo, que no están en situación de absentismo escolar.
El grupo de trabajo del Pacto examinará las posibilidades de incluir en las estadísticas que elabora la Junta variables que permitan mejorar el conocimiento de la situación de la infancia de la comunidad que incluyan dimensiones como salud, educación, seguridad, bienestar emocional y acceso a recursos básicos.
También, se pondrá en marcha un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores y jóvenes provenientes de los sistemas de protección a la infancia. Además, se incrementará la financiación del servicio de apoyo integral a menores procedentes del sistema de protección a la infancia que tienen hijos, durante el periodo de gestación y crianza.
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta | El Pacto de las Familias de Castilla y León: modificar la renta de ciudadanía, progresividad en las ayudas al alquiler e historia social única
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Inclusión residencial
La convocatoria de ayudas al alquiler de 2025 incorporará criterios de progresividad en favor de las rentas más bajas y deberá disponer de crédito presupuestario suficiente para atender todas las solicitudes que se presenten y cumplan con los requisitos previstos, sin que puedan desestimarse ayudas por falta de disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de la capacidad económica-presupuestaria de la Ley anual de presupuestos de la Comunidad, garantiza el pacto.
También, se pondrá en marcha un nuevo programa de vivienda en alquiler con la denominación Programa Emprendedores para dotar con vivienda pública en alquiler a zonas rurales con una dinámica industrial o de servicios importante que puede verse frenada por la falta de viviendas, con la posibilidad de traslado de residencia a la Comunidad por trabajadores de fuera.
Además, se incrementará el número de plazas y la financiación de plazas de alojamiento gestionadas por entidades sin ánimo de lucro para personas en situación de vulnerabilidad, y se realizará, con la participación de entidades del tercer sector, un primer conteo autonómico de personas sin hogar aplicando metodologías estandarizadas.
Otra medida es fomentar el empleo en empresas de inserción a través de líneas de ayuda a las empresas de inserción laboral que contratan personas en situación o riesgo de exclusión social para financiar costes salariales, asistencia técnica e inversiones.
En el mismo bloque, se prevé la puesta en marcha de una comisión especializada para trabajar la inserción sociolaboral de personas con mayores dificultades de empleabilidad en el seno del Consejo Regional de Economía Social, que tenga como objetivo no solo las empresas de economía social sino también las que actúan en el mercado ordinario.
Disponer a finales de año de la historia social única que permita avanzar en la coordinación y eficacia del sistema de protección social en la Comunidad, recoge el anexo entre las acciones para este año.
Según los firmantes, se trata de construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva en la que “nadie se quede atrás”, entre cuyos retos está el acceso a la vivienda para garantizar la igualdad de oportunidades.
Por último, en el plazo de un mes desde la aprobación de este pacto, se constituirá una Comisión de Seguimiento, cuyos componentes serán designados por la titular de la Consejería de Familia a propuesta de las plataformas adheridas al acuerdo. Un grupo de trabajo elaborará el informe de seguimiento que elevará a la Comisión.
