Política

El PP impulsa una nueva Ley contra la violencia de género en Castilla y León

Aseguran que la nueva ley pretende reforzar la protección y atención de todas las mujeres de la comunidad

El PP impulsa una nueva Ley contra la violencia de género en Castilla y León / PP de Palencia

El PP impulsa una nueva Ley contra la violencia de género en Castilla y León

Palencia

Los procuradores palentinos del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, Mercedes Cófreces y Juan Jesús Blanco han destacado los avances del recién aprobado anteproyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en la comunidad.

Una ley con la que se “amplía y refuerza la protección a las víctimas de violencia de género” y supone un “gran avance social” en nuestra comunidad autónoma.

Las principales novedades de la ley se encuentran en “la ampliación de la protección a todas las mujeres, incluidas las menores de edad, aquellas menores que se encuentran bajo patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares o las mujeres castellanas y leonesas retornadas, que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país”.

Así mismo y tal como aseguran los populares, se trata de una “ley flexible” que da cabida a las nuevas formas de violencia que existen actualmente y que puedan aparecer en el futuro, así como los nuevos medios para ejercerla.

Nuevos tipos de violencia contra la mujer. Además, dicha ley amplía las formas de violencia como la violencia digital aquella que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales.

La violencia vicaria la cual comprende la violencia ejercida sobre los hijos o familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad y cuyo fin sea el de causarles perjuicio o daño.

Violencia de segundo orden, violencia que incluye los actos físicos o psicológicos, represalias, humillaciones y la persecución ejercida sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.

Además, incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso y la esterilización forzada.

La tercera novedad de esta ley establece una atención integral a las víctimas y la restitución de los derechos vulnerados.

Con esta medida los populares aseguran que se busca promover que las mujeres víctimas de violencia “salgan del círculo de violencia y recuperen su autonomía personal.”

Por ello, dicha ley garantiza a las víctimas el derecho a la “atención integral hasta la finalización del proceso de recuperación y prevé la formación específica para que sus profesionales sepan dar una respuesta eficaz ante estas situaciones.”

Entre los apoyos que se prestarán están la Red de Atención General, integrada por los centros y servicios destinados a víctimas de violencia de género no afectadas por una doble vulnerabilidad.

Como novedad, destacan la regulación de los centros de crisis para la atención a víctima de violencia sexual a través de los que se ofrecen información y atención inmediata tanto a las víctimas como a familiares y personas del entorno.

También se encuentra como apoyo las Redes de Atención Especializada. Herramienta orientada a los cuidados de mujeres que también padecen algún tipo de discapacidad, enfermedad mental grave, adicciones o trata y explotación sexual y otras problemáticas añadidas a la violencia.

Por último, la nueva Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género incide en la prevención, detección y evaluación, “herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género, así como la aprobación de un Plan Integral de sensibilización y prevención con carácter plurianual”, destacan los populares.

En el caso concreto de la detección se establecen pautas de actuación específicas para detectar en los ámbitos sanitarios, educativos, de los servicios sociales, laboral, deportivo y/o local.

Por ello, la ley encomienda a todas las personas profesionales, especialmente en los ámbitos sanitarios, sociales y educativos, a intervenir cuando tengan conocimiento de una situación de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia machista de acuerdo con los protocolos específicos.

Mercedes Cófreces ha asegurado que se trata de una ley que nace con el “máximo consenso” con el tercer sector, con el Diálogo Social y con las entidades públicas y privadas que forman parte de los servicios sociales.

Han recordado que, en 2003, Castilla y León aprobó la primera ley de igualdad, la primera en Europa en esta materia, y se consiguió desde el consenso entre partidos y agentes sociales. Y fue en 2010, cuando se aprobó la Ley contra la violencia de género en Castilla y León.

Cifras

En relación con la provincia de Palencia, los procuradores han señalado que ‘Atiendo’, el Servicio de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales -centro ubicado en la Avenida Cardenal Cisneros de la capital-, ha registrado en la provincia 4.053 visitas al portal de 2.414 personas; ha atendido 6 llamadas y ha realizado 2 atenciones presenciales durante el pasado año 2024.

Asimismo, han añadido que durante el 2023 en las casas de acogida y centros de emergencia de la provincia se han atendido a 14 personas; 105 en los programas de apoyo psicológico; se han realizado 8 expedientes de asesoramiento jurídico dentro del Programa de Orientación y Acompañamiento Jurídico Social; y se han atendido a 275 mujeres en 533 intervenciones en el marco del Proyecto ‘Atrapadas.

 
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