Uno de cada tres jóvenes en Valladolid tuvo en 2024 un contrato de prácticas o formación sin remuneración

La puesta en marcha en enero de 2024 del Real Decreto Ley por parte del gobierno central obligaba a las empresas a dar de alta en el sistema de la Seguridad Social a aquellos jóvenes que se incorporasen a sus empresas aunque no se les pagase por ello. Es decir, a cotizar por el trabajo realizado independientemente de recibir un salario o no. Hasta ese momento, los llamados contratos de prácticas o los de formación (para los que no es obligatorio pagar un salario) tampoco conminaban a las empresas a dar de alta a quienes los realizaban.

Ahora, las empresas que deseen optar por la fórmula del becario y este tenga una titulación superior, FP o universitaria, deberán ser dados de alta y, por tanto, podrán acogerse a medidas tales como la cobertura sanitaria en caso de accidente laboral o la cotización para prestaciones.

En el primer año de puesta en marcha de este sistema, cerca de 42.000 jóvenes de CyL han sido dados de alta dentro de esta modalidad contractual, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esto supone el 10 por ciento de toda la población situada entre 18 y 36 años. En el caso de la provincia de Valladolid, esta cifra es de 12.400 jóvenes, o lo que es lo mismo, uno de cada tres en esta franja de edad en esta provincia.

Y esto muestra otro síntoma, el abuso de este tipo de formas de contratación para evitar tener trabajadores asalariados. Así lo denuncia el Consejo de la Juventud de Castilla y León quien explica que esta fórmula cada vez es más reclamada entre los empresarios: "Estas prácticas se están convirtiendo en trabajos encubiertos donde los jóvenes asumen responsabilidades plenas de puestos de trabajo sin los derechos que les corresponden con un contrato laboral" cuenta Sandra Ámez, presidenta del organismo.

Reclaman una mayor inspección y control para evitar perpetuar esta modalidad de contratación y poder topar el límite de estas contrataciones para evitar que el colectivo aún se precarice más: "Nos exigen un montón de años de experiencia para optar a cualquier puesto de trabajo que al final es incompatible con la realidad de quienes hemos acabado nuestros estudios y nos vemos obligados a optar por estas prácticas no remuneradas como un primer acceso al mercado laboral".

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Además aseguran que este impacto de las prácticas dificulta la entrada al mercado laboral porque no se consigue una oferta laboral en condiciones con la que poder ejercer un proyecto de vida digno.