Sociedad

La Guardia Civil investiga a siete personas por el tratamiento irregular de los gases refrigerantes de los vehículos

Se han abierto diligencias que ya han sido enviadas a la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila

Los agentes de SEPRONA han inspeccionado diez centros autorizados para el tratamiento de vehículos fuera de uso en la provincia de Ávila / Guardia Civil

Los agentes de SEPRONA han inspeccionado diez centros autorizados para el tratamiento de vehículos fuera de uso en la provincia de Ávila

Ávila

La Guardia Civil investiga a siete personas, responsables de Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos en la provincia de Ávila, como supuestas responsables de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, al emitir hasta 4.998 toneladas de CO2 procedentes de gases refrigerantes.

La investigación fue realizada, en el marco de la operación "AVICAT", durante el año 2024 por el Servicio de Protección de la Naturleza (SEPRONA), tras observar irregularidades en la gestión de los gases fluorados en cinco de los diez CAT distribuidos en distintos puntos de la geografía abulense, ha informado en nota de prensa el instituto armado.

Dicha operación trataba de comprobar la correcta gestión de los gases fluorados, empleados en los sistemas de refrigeración de los vehículos a motor entregados para su baja en los Centros Autorizados de Tratamiento al final de su vida útil.

Una vez inspeccionados los diez CATs que hay en la provincia, la Guardia Civil levantó las correspondientes actas de inspección y detectó supuestas infracciones administrativas e infracción penal en cinco de ellos, como consecuencia de la gestión realizada de los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso.

A partir de entonces, se iniciaron las gestiones necesarias para esclarecer unos hechos cuyas diligencias se encuentran en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ávila y Arenas de San Pedro (Ávila), así como en la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

De los análisis realizados a raíz de la información estadística obtenida y de las inspecciones efectuadas, se desprendió que parte de los CATs abulenses "no efectúan una correcta gestión de los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso".

Los agentes de SEPRONA han inspeccionado diez centros autorizados para el tratamiento de vehículos fuera de uso en la provincia de Ávila

Los agentes de SEPRONA han inspeccionado diez centros autorizados para el tratamiento de vehículos fuera de uso en la provincia de Ávila / Guardia Civil

Los agentes de SEPRONA han inspeccionado diez centros autorizados para el tratamiento de vehículos fuera de uso en la provincia de Ávila

Los agentes de SEPRONA han inspeccionado diez centros autorizados para el tratamiento de vehículos fuera de uso en la provincia de Ávila / Guardia Civil

Esta forma de actuar supone un "riesgo de perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales y, a través de éste, a la propia salud de las personas que puede ser calificado como grave", según la Guardia Civil.

Según ha quedado constatado en las memorias medioambientales de algunos de los CATs, en los cuatro años investigados existen "desfases entre la cantidad de gas declarado y de la que deberían haber recuperado", mientras que en otros casos "directamente no demuestran la recuperación ni gestión de ninguna cantidad de gas de los fluidos de los sistemas de aire acondicionado".

Y ello, pese a estimarse que "se tendrían que haber extraído un total de entre 1.075,51 y 3.531,40 kilos de gas, lo que corresponde a una emisión de 1.486,50 a 4.998,41 toneladas de CO2 equivalente, con una valoración económica de 67.083,37 a 225.762,52 euros, entre los cinco CAT investigados.

Por ello, fueron investigadas penalmente siete personas en 2024 como supuestas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Asimismo, en el marco de las inspecciones efectuadas en los CATs de la provincia de Ávila se observaron diversas infracciones relacionadas con el almacenamiento y gestión de gases fluorados, así como por carecer certificados acreditativos de competencia para la manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados, en algunos de los casos.

Por ello, se formuló un total de ocho denuncias según el instituto armado, que recuerda que la inadecuada gestión de estos gases fluorados de efecto invernadero, por su tipología y composición, "puede afectar gravemente a la capa de ozono y aumentar la cantidad de CO2 emitida a la atmosfera, favoreciendo el calentamiento global".

 
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