La Junta se da tres meses para firmar un nuevo "acuerdo marco" con el Consejo Comarcal, que mejorará el actual
El balance del que vence en octubre habla de un respaldo "histórico" a la administración berciana, según la Junta
Ponferrada
Comienza la fase de recepción de las propuestas para dar forma al nuevo acuerdo marco de cooperación entre la Junta de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo y cuyo consenso quedará plasmado en un convenio cuatrienal que sustituirá al actual, que caduca el 30 de octubre. La idea, ha dicho el consejero es que a más tardar a principios de 2025 se produzca la firma.
Se trata de garantizar el funcionamiento y el desarrollo de los servicios que presta la institución berciana a los vecinos de la comarca mediante un desarrollo competencial que ha conllevado un coste de más de 9.357.000 euros y una cooperación económica general de 9,1 millones de euros.
Así ha quedado de manifiesto en la primera toma de contacto mantenida entre el consejero González Gago y el presidente del consejo comarcal, Olegario Ramón. Desde la Junta, Gago mantiene su “completa satisfacción con el grado de cumplimiento del convenio actual, que ha ido más allá de las previsiones expresamente pactadas, hasta llegar a los 18,5 millones de euros, una cifra que es" histórica”, dijo Gago. El presidente del Consejo, reconoce esa mejora, pero que todavía es insuficiente. "Estamos evaluando la necesidad de que la Junta sufrague económicamente los gastos completos del centro de Drogodependientes y del SAM. algo en lo que la administración autonómica está de acuerdo", señala Olegario Ramón.
Se han quedado en el tintero, aspectos como la representación del consejo en los órganos colegiados de la comisión territorial de medio ambiente y urbanismo de león y del consejo de servicios sociales de CyL, para los que será necesario un cambio de reglamento "que se abordará". Finalmente, el consejero reconoció que la Junta tiene pendiente también el compromiso de costear el proyecto técnico de construcción de la nueva sede de la institución, aunque previamente, señaló, debe ponerse la parcela a disposición del gobierno autonómico, algo que no se ha hecho.
