Exigen al Ministerio guardias de 72 horas en los Juzgados de Instrucción de Valladolid
La Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León lo reclama en un acuerdo que adopta el 3 de junio a requerimiento de CSIF. Asimismo, se pide un Servicio Común de Registro y Reparto.
Sede de los Juzgados en la calle Angustias de Valladolid / Google Street View
Valladolid
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora positivamente el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León, tomado a instancias de ese sindicato, por el que solicita al Ministerio de Justicia la implantación de un servicio de guardias de 72 horas para los Juzgados de Instrucción de Valladolid, y un Servicio Común de Registro y Reparto, entre otras mejoras. El TSJ respalda así las peticiones de CSIF -organización sindical mayoritaria en la Administración de Justicia en Valladolid y en Castilla y León- hechas al Ministerio de Justicia en marzo de 2024.
El presidente del sector de Justicia de CSIF Castilla y León, Juanjo Banciella, insiste en que “es fundamental y urgente que el servicio de esas guardias se preste por la totalidad de la plantilla y no sólo por una parte”. Considera que contribuiría a mejorar el servicio que reciben los vecinos de Valladolid. “Es inadmisible que el Ministerio no dote a la ciudad de un servicio de guardias de esas características, cuando otros partidos judiciales con menor población que Valladolid, como Vigo, lo tienen desde hace tiempo”, añade.
Al igual que la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León, Banciella indica que, “las guardias de 72 horas suponen una mejor distribución de los tiempos, al reducir la muy larga e intensa guardia semanal, lo que redundará en una mejora del servicio”.
CSIF lamenta que en Valladolid no se haya creado un Juzgado de Instrucción desde 2005, hace casi 20 años, y ello pese al incremento de población del partido judicial, que en 2023 atendía a una población de más de 457.000 habitantes.
El sindicato independiente explica que los datos muestran “a las claras” el incremento de trabajo en los Juzgados de Instrucción. En 2023 ingresaron 17.356 asuntos, frente a los 16.272 asuntos de 2022. “Si atendemos a la evolución de los distintos indicadores relevantes, observamos que el número de asuntos en trámite al principio del año 2023 se incrementó en un 5,2%, y el número de asuntos ingresados un 6,6%, mientras que la resolución de asuntos disminuyo en un 7,2%”, remarca CSIF.
El dato de asuntos en trámite al final de 2023, apunta Banciella, “es de 5.412 frente a los 3.102 que había en 2022. Esto es un incremento de un 74,5%, lo que evidencia la grave situación en la que se encuentran estos juzgados, más aún, si atendemos a que este incremento en los asuntos en trámite al final de 2023 tiene un claro componente tendencial”.
Servicio Común de Registro y Reparto Penal
Otra de las reivindicaciones en las que coinciden CSIF y la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León es la necesidad de crear un Servicio Común de Registro y Reparto que incluya la jurisdicción penal (en la actualidad los Juzgados de Instrucción deben registrar sus asuntos).
En este sentido, el representante de Justicia de CSIF asegura que disponer de ese servicio común “solo requeriría un refuerzo de siete funcionarios más, puesto que supondría reasignar a las 10 personas que, en la actualidad, realizan esa función en el decanato”. Un coste “muy pequeño si tenemos en cuenta que eso permitiría una dedicación plena a los Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, en las actuaciones propias y esenciales del servicio de guardia”.
Por último, y en plena sintonía, CSIF y la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León reclaman la puesta en marcha de un turno independiente para la celebración de los juicios inmediatos por delitos leves.
CSIF anuncia que, en las próximas semanas y para reforzar su petición, iniciará una ronda de contactos con distintos responsables políticos e institucionales de Valladolid, así como otros agentes de la Justicia, “con la finalidad de obtener el máximo apoyo para estas solicitudes, que son fundamentales para la calidad del servicio público de justicia que obtienen los vallisoletanos”.
