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Internet, terreno abonado para los delitos contra la propiedad intelectual

En 'Ciberseguros', el jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid ha explicado detalles de un caso investigado recientemente

En 'Cibersguros'. el jefe del Grupo de Ciberdelincuencia nos habla de los delitos contra la propiedad intelectual

En 'Cibersguros'. el jefe del Grupo de Ciberdelincuencia nos habla de los delitos contra la propiedad intelectual

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Valladolid

Un problema casi ontológico de la lucha contra el crimen radica en aquellas situaciones en las que el criminal no es consciente de que está infringiendo la ley. O que, siendo consciente, le importa poco porque sabe que las consecuencias pueden ser irrelevantes o que, incluso, porque son muchos los que incurren en el mismo comportamiento. Y todo esto es de aplicación en muchos casos que afectan a los derechos que contempla la propiedad intelectual. El paradigma, sin duda, es el consumo de productos audiovisuales 'pirateados'. La descarga de películas y series, su visionado 'online' o las múltiples herramientas para poder seguir retransmisiones deportivas, o de cualquier otro tipo, emitidas a través de plataformas y canales de pago.

Estos son son algunos ejemplos. Pero hay muchos más. De ello ha hablado Víctor Panizo, jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid. Las situaciones descritas en el anterior párrafo junto a las estafas de pequeño y mediano alcance -por cuantía económica- que se realizan a través de las redes representan un enorme porcentaje del trabajo de estos policías lo que obliga a dedicar muchos recursos y tiempo a cuestiones que, mediante la autoprotección o el comportamiento responsable, se pueden evitar.

En la sección mensual 'Ciberseguros' del 'Hoy por Hoy Valladolid', Panizo ha recordado que existe una "cierta sensación entre una parte de la ciudadanía" que "minusvalora" los derechos que asisten a los legítimos titulares de la propiedad intelectual. Y eso abre la puerta a justificar, por ejemplo, el 'pirateo' de señales televisivas o la descarga ilegal de películas y series, por citar dos ejemplos. Aunque hay otros ejemplos donde la irresponsabilidad, mezclada con el ánimo de lucro, va más allá.

Estudiantes investigados

Así, ha recordado un caso reciente en el que dos jóvenes han sido investigados por un delito contra la propiedad intelectual al grabar sin autorización las clases online impartidas por una academia, para posteriormente comercializarlas y venderlas a un precio de 15 euros. Fue a finales de abril cuando se recibió una denuncia en la Comisaría de Delicias en la capital vallisoletana. En ella se alertaba de estos hechos y apuntaba que el material didáctico era compartido de "forma profusa" con otros estudiantes.

El Grupo de Ciberdelincuencia y contra la Propiedad Intelectual de la Policía Nacional de Valladolid puso en marcha la oportuna investigación centrada, en un primer momento, en la comprobación de los hechos para posteriormente identificar plenamente a los autores de los mismos. Tras distintas indagaciones se llegó a identificar a los dos autores de los hechos, comprobándose que incluso en algunas ocasiones habían vendido el material didáctico a distintos alumnos previo pago de 15 euros. A los investigados se les ha imputado un delito contra la propiedad intelectual.

Además del lucro económico obtenido por la comercialización del material didáctico, las mismas fuentes señalan que el perjuicio para la academia de formación fue "muy considerable" porque la difusión de las grabaciones fue "muy abundante" entre los alumnos de la Universidad de Valladolid, y se pudo constatar que, a raíz de la difusión de los videos, los alumnos de la academia descendieron "de forma considerable".

El jefe del Grupo de Ciberdelincuencia ha querido recordar que, pese a esa sensación de "cierta impunidad" que lleva a infringir los derechos sobre la propiedad intelectual, los delitos de este tipo están tipificados en los artículos 270 y siguientes del Código Penal,. Conllevan penas de prisión de entre seis meses a cuatro años y de multa de 12 a 24 meses, aparte de la responsabilidad civil derivada de los perjuicios ocasionados a los titulares de los derechos.

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Mario Alejandre

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Cuenta lo que pasa en Valladolid y en Castilla y León desde que se incorporó a la SER, en el verano...

 
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