El Procurador del Común estudiará el caso de Noa, que pide una educación inclusiva "real"
Laura, su madre, asegura que ni siquiera cunado los centros tienen recursos están realmente dimensionados a las necesidades del alumnado
Valladolid
El Procurador del Común estudiará el caso de Noa, la niña con síndrome 5 P menos que espera poder quedarse, finalmente, en su colegio, en el Tierno Galván, pero eso sí, con todos los recursos que necesite.
Ahí está la clave de este caso, en la manera en la que se entiende la educación inclusiva: Laura Jodar, la madre de Noa, recuerda que es un derecho de la niña poder dar clase en el centro que quiera y contar con los recursos que necesita, y no el planteamiento de la Junta, que se limita a ofrecer una serie de centros de referencia a las que las familias están obligados a ir si quieren una educación adecuada para sus hijos: "Queremos que los recursos vengan donde está Noa y no al revés. Es un derecho que tienen todos los niños, contar con los recursos necesarios para que estén en igualdad de condiciones".
Laura Jodar, madre de Noa, pide al Procurador del Común que estudie su caso y aborde la educación inclusiva y su desarrollo en Castilla y León
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Además, explica que el centro que le han recomendado desde la consejería de Educación es un centro 'motórico', es decir, donde se deriva al alumnado con algún tipo de discapacidad física, lo que tampoco se ajustaría realmente a las circunstancias de Noa: "estaría quitándole al plaza a un niño o una niña que sí necesiten de esos recursos".
Mal dimensionados
Pero es que además, en los centros llamados de referencia, esos a los que la consejería de Educación obliga a los padres a matricular a sus hijos con algún tipo de necesidad especial, los recursos no están bien dimensionados. Profesores de audición y lenguaje, auxiliares técnicos o profesores de pedagogía terapéutica en mucho casos tienen una ratio de alumnos muy superior a la recomendada, tal y como denunciaba en la Cadena SER una familia del Jiménez Lozano, donde un auxiliar atiende a casi una decena de alumnos en silla de ruedas.
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Laura Jodar, en este sentido, pide transparencia a la administración, que concrete el número de horas de cada profesional cuando elabora sus informes pedagógicos: "No hay transparencia porque yo tengo un informe psicopedagógico en el que me dicen que Noa necesita para el curso que viene PT, AL y AT, pero sin especificar el número de horas. Pero es como nada, ¿va a recibir el mismo número de horas que el resto de compañeros? Eso no lo quiero, tienen que recibir lo que necesita, no repartir lo recursos a partes iguales".
Y es que ya tiene experiencia al respecto: su hija recibía el mismo tiempo de audición y lenguaje que su hermano, que no tienen ninguna discapacidad, lo que le hace sospechar que no se utilizan bien los recursos en educación, no al menos adecuándolos a las necesidades de cada uno.
La Junta, satisfecha
La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, sin embargo, cree que la educación inclusiva está garantizada en la comunidad a pesar de que su departamento insiste en concentrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en centros concretos, los llamados centros de referencia.
Sin embargo, organismos internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, asociaciones como Solcom y familias, como la de Noa y el alumno con discapacidad motora del instituto José Jiménez Lozano opinan lo contrario. Consideran que lo realmente inclusivo sería dar clases en centros ordinarios y que estos cuenten con los recursos necesarios. En definitiva: que los recursos vayan donde están los alumnos y no al revés.
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Beatriz Olandía
Es redactora en Radio Valladolid y edita los informativos Hora 14 Valladolid y Hora 25 Castilla y León....