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Política

Moción unánime de la Diputación por el tren de la Ruta de la Plata

El pleno de la Diputación retira una moción de apoyo a la CUAS de Tierra del Vino, tras asumir la revisión de errores la presidenta de la CHD

Pleno de la Diputación Provincial de Zamora

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El pleno ordinario de mayo de la Diputación, tuvo más debate del que merecían los asuntos que llevaba el orden del día y, además, un debate manido y reiterado hasta la saciedad, a cuenta de las competencias impropias que asume la Diputación, en este caso por el acuerdo marco de financiación de los servicios sociales entre Junta y Diputación, aprobado en esta sesión.

En el turno de mociones, se rechazó la urgencia de la moción de IU sobre el servicio de bibliobús, y se aprobó por todos los grupos una moción de apoyo a la manifestación convocada el día 25 de mayo en la plaza de la Constitución de Zamora, a favor de la reapertura del tren de la Ruta de la Plata.

Moción que también se acordaba remitir al Gobierno de España, al que se insta a que haga “un plan para recuperar a la mayor brevedad posible el ferrocarril de la Ruta de la Plata y exija al Parlamento Europeo la inclusión de este eje ferroviario dentro del Corredor Atlántico y la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transportes”, para convertir la vieja Ruta de la Plata en “un corredor ferroviario de alta velocidad para tráfico de viajeros y mercancías”.

Al comienzo del pleno se anunció la retirada de una moción firmada por todos los grupos, menos por IU, en apoyo a pueblos y familias de la comunidad de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) de Tierra del Vino, frente a las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Moción que llevó al salón de plenos de la institución provincial a media decena de afectados, que se enteraron así que la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, admitió ante el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, la existencia de errores que iban a revisar.

Errores que, como apuntó uno de los afectados que asistía al pleno de la Diputación, Fernando Gutiérrez, suponen dejar fuera a 8 de los 22 ayuntamientos afectados, y la mitad de las 1.600 hectáreas de la comunidad de usuarios de aguas subterráneas, que en este caso están todos en situación legal, entre otras cosas.

 
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