"Villanueva era el que daba las órdenes"

Valladolid

En el juicio sobre la compra del edificio conocido como 'La Perla Negra y los terrenos de Portillo', algunos de los principales acusados, el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, para el que se pide entre 12 años de prisión por parte de la Fiscalía y 34 de la acusación particular.

Tanto Hernández como la viceconsejera que le sustituyó en el cargo, Begoña Hernández, han señalado al consejero de Economía, Tomás Villanueva como responsable último de las decisiones que se tomaban. "Para que está entonces un consejero" ha dicho Rafael Delgado a preguntas del fiscal sobre las decisiones que se tomaron, primero en el alquiler y después en la compra, con un sobrecoste de 24 millones de euros, según estimaciones de la Fiscalía.

Lo que sí ha dejado claro, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, es que en este caso hay dos consejerías implicadas, la de Economía que dirigía Tomás Villanueva, ya fallecido, y la de Hacienda, que dirigía Pilar del Olmo.

Begoña Hernández, que sustituyó a Rafael Delgado cuando este se hizo cargo de la empresa Gesturcal, también implicada en este proceso, se ha limitado a señalar que los hechos que se juzgan le vinieron impuestos, que ella solo se limitaba a firmar lo que le decían, aunque mostró sus discrepancias con algunas partidas por lo elevadas de las mismas, pero que al final se impuso el criterio del consejero.

Dos horas de declaración

En una declaración que se prolongó por espacio de casi dos horas, Delgado ha señalado que no tuvo ninguna relación con los administradores de Urban Proyecta, empresa propietaria del edificio de Arroyo, ni tampoco con los de Unifica, mercantil que se encargó de realizar las divisiones y la adecuación del edificio en función, según explicó el acusado, de las peticiones de los responsables de los servicios centrales, de ADE y del resto de empresas públicas dependientes de la Consejería de Economía y Empleo que se iban a trasladar.

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Al mismo tiempo, defendió la viabilidad de la operación, tanto por el pago final de 56 millones de euros, dos millones menos que lo establecido en las tasaciones, como por la realización de las obras de adecuación, “dado que hubieran tenido un mayor coste una vez entregado el edificio”, a la vez que indicó que el pago de 4,5 millones de euros a Unifica por los costes de financiación fue ordenado por Villanueva.

En esta jornada de juicio ha declarado Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal entre 2003 y 2008, que al igual que Rafael Delegado y Begoña Hernández se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de 11 años. A preguntas del Ministerio Fiscal, Sacristán ha dicho que las decisiones relativas al edificio de Arroyo de la Encomienda se tomaban en la Consejería de Economía y Empleo, y que Gesturcal, debido a su experiencia en operaciones urbanísticas, recibió este encargo sabiendo ya “con quién, cuándo y dónde” tenía que firmar el contrato.