El Ayuntamiento de Benavente defiende la legalidad del teletrabajo autorizado a un agente de la policía local

En el Ayuntamiento de Benavente el equipo de gobierno defiende la legalidad del teletrabajo autorizado a un agente de la policía local que tanto ha criticado esta semana IU. Asegura el concejal de seguridad ciudadana, José Manuel Salvador, que el funcionario en cuestión no va a desempeñar en casa una tarea distinta a la que viene dedicándose en el cuartel.

Entre otras, redacción de informes y no para suplir, como sostiene la coalición, la vacante de personal administrativo del cuartel, donde hay una trabajadora que se ocupa de ello. Eso asegura el responsable de seguridad ciudadana que se remite al reglamento de regula el teletrabajo en la plantilla del ayuntamiento benaventano, reglamento que, según recuerda, aprobó el anterior gobierno del que participaba IU.

Con carácter provisional, como máximo durante un año, añade Salvador, que no cree que el teletrabajo del agente suponga una merma efectiva de recursos en la plantilla en la que sí reconoce la aprobación como mínimo de dos vacantes por comisiones de servicio.

Al margen de ello, mención también en el ayuntamiento de Benavente, al problema que está rodeando desde el pasado año la constitución de una bolsa para contratar temporalmente un trabajador social para la Concejalía de Bienestar Social. De forma insistente lo está denunciando la oposición por la falta de personal en esa oficina, pero ha sido una cadena de errores surgida en la convocatoria en el pasado mandato lo que está enredando y retrasando el proceso, pendiente ahora de un expediente de declaración de lesividad que afecta a todos los aspirantes.

El origen del enredo fue un error de transcripción en la valoración de la experiencia profesional de los solicitantes en centros privados que, en vez de recoger 0´05 puntos, estableció 0´5. Si se advirtió la confusión en las bases aprobadas por la Junta de Gobierno hace un año en el ayuntamiento y de hecho, antes de la publicación del acuerdo, se subsanó en la siguiente reunión de la junta de gobierno, pero otra equivocación llevó a publicar en el BOP las bases no corregidas. Convocatoria que recabó más de una treintena de aspirantes que fueron admitidos en las listas definitivas, aunque fue en la aprobación de las listas provisionales previas cuando se planteó el problema de terceros con derecho a reclamar y, por tanto, a la revisión de oficio del procedimiento por infracción. Esta circunstancia ha llevado a la alcaldía a iniciar un procedimiento de lesividad de acto anulable, el acuerdo y la publicación de las bases del proceso selectivo. El procedimiento pasa ahora por el trámite de audiencia a los interesados; mientras, denuncia la oposición, solo hay una trabajadora en la oficina de servicios sociales para atender a los numerosos usuarios que a diario la frecuentan.