Las once asociaciones memorialistas de Castilla y León, en pie de guerra contra la Junta

Soria

El pasado martes 26 de marzo, el grupo parlamentario del Partido Popular y de VOX registraron en las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Concordia para sustituir al Decreto 9/2018 de 12 de abril que regulaba las actuaciones sobre memoria democrática en el ámbito regional. Las once asociaciones memorialistas de Castilla y León, Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, la Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro, Las Merindades de la Memoria, Pozo Grajero, Foro por la Memoria de Zamora, de Segovia, del Valle del Tiétar y La Vera, la Asociación En Medio de Abril, Salamanca Memoria y Justicia, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid y la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, todas consideran “que no es una ley de concordia, sino más bien de discordia, porque oficializa el negacionismo, reescribe la historia, tratando incluso de eliminarla, equipara democracia y dictadura y es contraria a los derechos humanos”, explica el presidente del colectivo soriano, Iván Aparicio.

La aprobación de esta Ley que está en tramitación, “supondría un retroceso que impone y oficializa el discurso de odio de ultraderecha, equiparando en su limitación temporal democracia y fascismo y en su planteamiento general a víctimas y verdugos. En Castilla León no necesitamos una ley de concordia, que realmente es una excusa y un disfraz para el propósito de facto que es un blanqueamiento de un periodo de Crímenes Contra la Humanidad, una ocultación de dichos crímenes, y, en parte, la vuelta a la imposición del silencio”.

Las once asociaciones tomarán las medidas necesarias en cualquiera de los ámbitos para parar esta Ley, “interponiendo, tanto recursos porque la consideramos inconstitucional, como denuncias ante los distintos organismos regionales, estatales, europeos o de Naciones Unidas al ser una Ley que vulnera claramente los Derechos Humanos”.

Desde la Exposición de Motivos, que llega a ser contradictoria y calca párrafos de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, se sentencia que “las nuevas generaciones han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”, cuando no han recibido ningún tipo de educación sobre Memoria Democrática en base a los Derechos Humanos, pese a que lo contemplaba el Decreto 9/2018 de 12 de abril de la Junta de Castilla y León, que nunca se llegó a desarrollar y aplicar.

Desde las asociaciones memorialistas regionales también “manifestamos que el decreto era claramente insuficiente, que no estaba desarrollado, que los Consejos llevaban sin renovar un año y medio, que las convocatorias se hacían por medios no oficiales, y que las organizaciones no disponíamos de tiempo suficiente para presentar proyectos, informes y presupuestos. Era, sin duda, un decreto insuficiente que además fue aprobado por el Gobierno regional del Partido Popular, que con la sustitución por esta Ley innecesaria, engañosa, retrógrada, ideologizada y maliciosa reniega de su propio trabajo para anclarse al poder, al conseguir el apoyo de la ultraderecha”

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Sin lugar a dudas, “se trata de un proyecto esperpéntico y vergonzoso que va en sentido opuesto al respeto hacia los Derechos Humanos y hacia las víctimas de crímenes tan graves”, insiste Aparicio.

En este sentido y debido a las restricciones sobre los tipos de víctimas por un lado, y a la intención de difuminar los graves delitos sufridos por las víctimas del levantamiento militar de 1936 y el franquismo en las casi cuatro décadas de dictadura por otro, “está claro que ignora las torturas, el trabajo esclavo, el robo de bebés, las desapariciones forzadas, la represión ejercida contra las mujeres o la violencia por prejuicios de tipo sexual entre otras”

Artículos como el 4.4, especialmente lesivo, son contrarios al Deber de Memoria, de obligado cumplimiento en caso de violación de los derechos fundamentales. “Desde luego, tanto a nivel práctico cuando por ejemplo en el artículo 11.3 decreta que la recuperación de víctimas podría desarrollarse “mediante la gestión directa con medios propios de la administración autonómica”, como a nivel teórico general, la Ley muestra una profunda ignorancia sobre lo que suponen estos trabajos y los deberes en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, dentro de las obligaciones respecto a los Derechos Humanos”.

En ese sentido, esta ley lo que hace es ocultar a las víctimas “hasta tal punto que no podemos hablar de ellas, ni difundir los documentos que demuestran los crímenes y abusos, documentos ya de por sí tendenciosos que fueron producidos por el régimen. No permiten difundir fotografías o nombres de las víctimas, con el objetivo de borrarlas definitivamente de la Historia. La consecuencia directa de este tipo de medidas es la reapertura de heridas cuando todavía no están cerradas ignorando el dolor de las víctimas. Es un ejemplo de la demagogia implícita en la norma y un intento totalmente descarado de disfrazar de concordia la discordia que la ultraderecha misma ha sembrado con sus discursos de odio contra la Memoria Democrática y los Derechos Humanos que la incorporan”.

La Ley mezcla además distintos tipos de víctimas llegando a incluir a las del terrorismo en este totum revolutum, ignorando u ocultando que por ejemplo la ley de memoria histórica de exhumaciones del Franquismo tiene 83 años, así como que la dictadura, e incluso la democracia del 78 otorgaban reparaciones como licencias de estancos, gasolineras, administraciones de lotería etc. a las viudas de víctimas (civiles o militares) de quienes lucharon junto a Franco. Además, les fueron concedidos reconocimientos, toda una política de favorecimiento económico y simbólico sólo para esas víctimas.

Mientras tanto, a los 16.000 civiles ajenos al conflicto bélico de Castilla y León, víctimas de un auténtico plan de eliminación física del adversario ideológico, en una comunidad donde no hubo prácticamente frente de guerra los estamos buscando y recuperando sus cuerpos y su identidad la sociedad civil organizada desde hace más de 20 años, muchos de ellos sin ningún tipo de ayuda por parte de la Comunidad. “La Concordia de las políticas de ultraderecha recuerda mucho a la reconciliación del Valle de los Caídos”.

En los últimos años se han recuperado los cuerpos de 2.767 castellanoleoneses hechos desaparecer por la fuerza y enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización. Se ha intentado infructuosamente la localización de varios cientos más. Y todo ha sido llevado a cabo por parte de organizaciones sociales. Castilla y León ha sido la comunidad con mayor número de personas encontradas.

En lo que a las asociaciones memorialistas se refiere, “se expulsa totalmente a quienes llevamos casi un cuarto de siglo trabajando en estos temas. Se nos saca del Consejo Técnico y también de los proyectos de investigación para concedérselo en exclusiva a Universidades, fundaciones, y centros de estudios de concordia. Nuestras organizaciones, bajo los dictámenes de la Ley, nos veríamos sustituidas en las investigaciones que llevamos desarrollando durante más de dos décadas por dichos centros de estudios de concordia, de los que no tenemos conocimiento en Castilla y León. Mucho nos tememos que el propósito sea expulsar a las asociaciones para repartir fondos entre organizaciones de concordia hechas a medida”.

Lamenta Iván Aparicio que, tal es el desprecio que se hace a las asociaciones memorialistas que las saca de la Comisión de exhumaciones, “cuando somos los que más experiencia y conocimientos tenemos al respecto. Muestra de ello es que cuando una entidad, los medios de comunicación, historiadores, familias…, tienen que hacer una investigación, a los primeros que acuden es a nosotros, a las asociaciones de memoria democrática”.

Para las asociaciones, la aprobación de este despropósito supondría “que tengamos que volver al barro de explicar lo obvio y de lo que trata la memoria democrática, y separarlo de la basura que la ultraderecha está vertiendo para que no nos ocupemos de esta tarea tan necesaria o porque tienen miedo de que esto se afronte y se supere y que avancemos como sociedad democrática. Afortunadamente, en estos más de 20 años, la sociedad nos ha visto trabajar y ocuparnos de las víctimas y sus familias y ha avanzado en comprensión, aprobación y ayuda. Esta Ley la promulgan quienes no conocen la Memoria Democrática, ni siquiera han acudido a las exhumaciones, o que nunca han hablado ni escuchado a las familias de las víctimas y que son capaces de derogar un decreto que ya era ya de por sí insuficiente”.

A nivel histórico, “lo expuesto en esta ley malinterpreta, obvia y miente directamente. El hecho, por ejemplo, de iniciar el régimen temporal que contempla esta normativa en 1931 es un intento vergonzoso de equiparar las posibles víctimas que hubiera de 1931 al 1936, que serían mínimas si es que existen, en comparación con la desaparición forzada y enterramientos clandestinos de las 16.000 víctimas del levantamiento militar ayudado por los nazis y los fascistas italianos”.