Sociedad

El PP denuncia que el Ayuntamiento de Igüeña deniega nuevos empadronamientos en Los Montes

Después de que un vecino haya logrado una sentencia que obliga a empadronarlo pese a la reticencia municipal

Ante la situación generada por el alcalde de Igüeña debido a su reiterada negativa a empadronar a un vecino del municipio en su casa de la localidad de Los Montes de La Ermita, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Gonzalo Álvarez Molinero, recuerda en nota de prensa el derecho que ampara a cualquier ciudadano de este país a empadronarse en el lugar en el que vive o quiere vivir, independientemente de los intereses, gustos, planes o preferencias de cualquier mandatario municipal, cuya labor en estos casos no es otra que la de velar porque los solicitantes cumplan los requisitos y que el procedimiento se ajuste a la ley, dos condiciones que, como dictan distintas resoluciones judiciales, se cumplen sin ningún tipo de duda.

“Nos consta que son más de una y de dos las personas con viviendas en propiedad y en perfectas condiciones de habitabilidad que han solicitado empadronarse en esta localidad supuestamente abandonada”, afirma Álvarez Molinero. “A todas se les ha denegado con argumentos que ahora la justicia, ante la denuncia de uno de estos ciudadanos, lógicamente ha desestimado”. La última ocurrencia del gobierno municipal para intentar frenar el derecho que ampara a estas personas “es la aprobación en pleno de un absurdo manifiesto para el que se ha forzado la firma de apoyo de las juntas vecinales de Igüeña bajo la falsa amenaza de que se está poniendo en peligro la supervivencia del resto de pueblos del municipio, ¿alguien puede creerlo…?

Dada la actitud y las torticeras maniobras a este respecto por parte del alcalde, Alider Presa, desde el PP municipal se preguntan “si la verdadera estrategia de lucha contra la despoblación que tanto defiende el PSOE, y este gobierno municipal socialista, consiste en cerrar los pueblos más pequeños y hacerlos desaparecer del mapa. Es lamentable que, ante la voluntad de un ciudadano que nació, ha vivido y quiere vivir en su pueblo, en el que posee una vivienda que quiere recuperar como domicilio habitual, se haya tenido que recurrir a la justicia para amparar sus derechos democráticos”, concluyen.

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