UGT y CCOO exigen un nuevo convenio para centros especiales de empleo y atención a la discapacidad que mejore unos salarios de “vergüenza”
Unos 150 delegados de los dos sindicatos se concentran frente a la sede de Plena Inclusión en Valladolid ante el bloque de la negociación desde hace tres años
Valladolid
Unos 150 delegados de UGT y CCOO se concentraron hoy frente a la sede de Plena Inclusión en Valladolid para exigir la negociación de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores de los centros especiales de empleo y atención a la discapacidad con el fin de mejorar sus condiciones, turnos y salarios, porque denunciaron son de “vergüenza”, ya que explicaron que un operario tiene una base de 830 euros al mes, lo que no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 1.134 euros mensuales en 14 pagas.
Asimismo, el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, acudió a la protesta y explicó que la propia Junta de Castilla y León puede “presionar” a las empresas para que se llegue a un acuerdo con los sindicatos, porque recordó que algunos de los servicios que prestan son “subcontratas” de la Administración. A su juicio, así lo hizo con los forestales y añadió que a través del diálogo social, si quiere la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pueden “aportar soluciones”.
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En ese sentido, los dos centrales mayoritarios se sumaron este martes a una movilización nacional ya que se estima que el sector está formado por 200.000 trabajadores en España y unos 12.000 en Castilla y León, que se encargan de trabajos encomendados a los centros especiales de empleo -limpieza, gasolineras y otras tareas-, además de la atención en centros de discapacidad y de día. El convenio actual caducó el 31 de diciembre de 2021, de forma que desde hace tres años se mantiene una negociación que para la representación sindical se encuentra bloqueada.
La responsable de Enseñanza Privada de UGT en Castilla y León, Ester Valdunciel, denunció que estos trabajadores sufren una condiciones “muy precarias", pese a ser un sector de una “importancia capital”, sobre todo durante la pandemia del COVID-19, en la que señaló se les pidió que dieran el 100 por 100 y ahora “no se les ofrece nada a cambio”. El 70 por ciento, dijo, no cobra ni siquiera el SMI, por lo que pidió que se eleve el salario hasta alcanzar este umbral. “Es una vergüenza”. sentención.
También reclamó otras mejoras en cuanto a los turnos, para que no tengan tres paradas en una jornada; en relación a los horarios y los días de asuntos propios, que perdieron en la anterior crisis, así como un nuevo complemento N3. “No son voluntarios, son trabajadores que tienen que comer”, dijo la representante de UGT en la protesta.
Por su parte, el responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León, Manuel Estacio, indicó que son empleados que hacen el mismo trabajo que un contratado ordinario, pero que sin embargo cobran “casi la mitad”, tanto en centros especiales de empleo, de discapacidad o de educación especial. A su juicio, se han convertido en asalariados “low cost” porque ni perciben el SMI, aunque están “fuertemente subvencionados” en cuando a los costes laborales por la Administración.
Por ello, Estacio demandó una mejora de los salarios para que como mínimo lleguen al SMI así como la posibilidad de la promoción profesional, ya que denunció entran como operarios y se estancan en este puesto. A su juicio, el aumento de la financiación de la Junta, que señaló ha crecido un 40 por ciento en el caso de la discapacidad, no se ha traducido en mejoras laborales para este colectivo, puesto que en ese periodo sus retribuciones -dijo- aumentaron un 17 por ciento.
De esta forma, el responsable de CCOO criticó que la Junta sólo negocie con Plena Inclusión, el movimiento asociativo que agrupa a las distintas entidades, a las que también pertenecen a la Asociación empresarial para la Discapacidad (Aedis) y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem). “Se están convirtiendo en una competencia desleal para las empresas ordinarias, se llevan todos los contratos porque compiten con unos salarios bajísimos”, apostilló.