ONG y asociaciones, última esperanza de las víctimas de explotación laboral

Valladolid

El pasado miércoles la Policía Nacional detenía a un hombre por tener a trece personas, migrantes en situación irregular la mayoría, en condiciones de esclavitud en una explotación agraria en Medina del Campo. Con el detenido sabemos qué va a pasar, se enfrentará a un proceso judicial, pero pocas veces nos paramos a pensar en esas personas que, después de trabajar de sol a sol, en condiciones insalubres y por un salario irrisorio, han de afrontar un proceso igualmente duro, primero para recuperarse física y emocionalmente, y en segundo lugar, para definir su situación administrativa.

Organizaciones como Accem se hacen cargo de ellos y analizan caso por caso para establecer las circunstancias de cada uno; de esta forma, pueden definir, por ejemplo, si tienen derecho a protección internacional, de manera que la atención es individualizada y adaptada a cada situación.

Sin embargo, tal y como explica Diego Cebas, de esta organización, lo tienen más fácil aquellos que son capaces de colaborar de alguna manera en la investigación, algo que es muy complicado: "Se le va a dar permiso de residencia a las personas que faciliten información que a nivel judicial o policial sea relevante para poder detener o hacer las pesquisas contra la gente que haya hecho estos delitos".

Pero esto no siempre es sencillo si tenemos en cuenta que estas personas están trabajando en un país desconocido, bajo reglas que ignoran, sin conocer sus derechos y sin saber bien el idioma, circunstancias que dificultan sobremanera esa colaboración: "La realidad es que estas personas no tienen esa información realmente relevante, o si se destapa la red por otro lado, quedan en tierra de nadie". Por eso, reclaman un enfoque distinto en estos casos: "Tendría que ser que cualquier persona que es victima de un delito tan grave, que atenta de forma tan flagrante contra sus derechos, que al menos no tuviera que preocuparse de su situación en España".

Más medios y más personal

Por eso, la labor de estas organizaciones es fundamental para que estas personas puedan tener un mínimo de esperanza a la hora de regular su situación: "Esas personas seguirían estando en situación irregular y seguiríamos con los recursos y medios que tenemos para personas en esa situación".

Así que la intervención de las administraciones, que pongan sobre la mesa más medios humanos, técnicos y presupuestarios, se hace fundamental para abordar este problema: "Las entidades sociales llegamos hasta donde llegamos con los recursos que tenemos y a las administraciones deberían poner más medios porque es un problema muy grande que requiere de medios y recursos que nos permitan trabajar con estas personas a nivel legal, psicológico, social y médico en muchas ocasiones".

Desde organizaciones como Accem piden una legislación basada en los derechos humanos y que atienda a estas personas que dejan atrás un calvario laboral para afrontar otro calvario administrativo.

Investigación desde el verano

El caso de Medina del Campo saltó a la actualidad el pasado 14 de febrero cuando la Policía Nacional comunicaba la detención de un varón como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto de uno por la ocupación simultanea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Los hechos comenzaron a investigarse durante el verano pasado en la localidad vallisoletana aunque a mediados de junio de 2023, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una inspección en una recolección de ajos ubicada en el municipio. Allí fue localizaba e identificaba a una cuadrilla compuesta por trece jornaleros que estaban bajo las órdenes de un empresario, titular de una sociedad dedicada a proporcionar mano de obra para la prestación de servicios agrícolas.

Este individuo era el responsable de los trece trabajadores, que carecían de contrato laboral y alta en la Seguridad Social. Él era el encargado de entregarles el salario y de trasladarles al puesto de trabajo. Todos los identificados eran extranjeros, ocho estaban en situación administrativa irregular y, por lo tanto, carecían de autorización para trabajar en España. Los cinco restantes sí que tenían permisos laborales pero no estaban registrados en la Seguridad Social.

Condiciones abusivas

Las condiciones laborales en las que se veían obligados a faenar eran "abusivas". No se les facilitaban herramientas de trabajo ni medios de protección para realizarlo. Los que se encontraban en situación irregular realizaban jornadas completas por un salario que no superaba los 6 euros a la hora, mientras que los que disponían de autorización un euro más. Pero a todos ellos el empresario les descontaba 5 euros al diarios como "gastos de traslado al trabajo". Desempeñaban jornadas de más de 12 horas, de lunes a domingo, sin descansos ni vacaciones.