Detenido un intermediario por explotar a trabajadores en la vendimia en La Seca

Valladolid

Nueva operación contra la explotación laboral vinculada al sector primario. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, en el marco de la colaboración entre organismos públicos para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo irregular, se ha desarrollado una investigación sobre un empresario a raíz de una actuación conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En concreto, el 13 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la ejecución operativa de una inspección en un viñedo ubicado en la localidad vallisoletana de La Seca, donde se localizaba e identificaba una cuadrilla que se encontraban realizando labores de vendimia, lo que dio lugar a una investigación. El viñedo era explotado por una familia de la zona, que ante la necesidad de cumplir con los plazos de entrega de la uva, decidió contratar los servicios de un empresario intermediario dedicado a la prestación de servicios agrícolas para que les facilitara trabajadores necesarios para cumplir con estas tareas.

Según han señalado las mismas fuentes, el empresario les proporcionó una cuadrilla compuesta por 16 jornaleros, pero era él quien recibía el pago del propietario de la explotación para después distribuirlo entre los jornaleros. Se quedaba una parte del jornal por lo que su beneficio personal "aumentaba en atención al número de trabajadores contratados".

Sin contrato ni alta en la Seguridad Social

Los 16 trabajadores identificados carecían de contrato laboral y alta en el Sistema de la Seguridad Social. Son ciudadanos de origen rumano y se encontraban en situación administrativa regular en España, por lo que no existía ningún impedimento legal para su contratación y la correspondiente tramitación de su alta como trabajadores en el sistema de la Seguridad Social.

Estas personas realizaban jornadas "maratonianas" y trabajaban “a destajo” para finalizar cuanto antes y poder ser trasladados a otro campo. El empresario también era quien a su vez les proporcionaba alojamiento en un municipio de la provincia de Segovia, y era el encargado de entregarles el salario, del que descontaba gastos derivados de la vivienda y transporte al lugar de trabajo.

Como consecuencia de las gestiones operativas de investigación e Informes elaborados con fundamento en la actuación conjunta, se pudo determinar que el empresario había incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores, en concreto un delito de ocupación simultánea de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social.