El cazador acusado de matar a una osa en el Parque Natural de la Montaña de Palencia será juzgado tres años después

Palencia

Ecologistas en Acción Palencia recuerda en un comunicado que "el 1 de noviembre de 2020 una hembra de oso pardo fue disparada y muerta durante la celebración de una cacería, la osa estaba acompañada de una cría del año que nunca apareció, tras lo que se abrieron diligencias de investigación en el Juzgado de Cervera de Pisuerga, como viene siendo habitual la asociación ecologista se personó como parte interesada. Tres años después aún se está a la espera de juicio y sentencia. El investigado pasó de reconocer los hechos en el atestado inicial a negar su responsabilidad en las declaraciones en sede judicial, esto ha provocado una dilatación excesiva del proceso alargando la instrucción de manera innecesaria con escritos solicitando diferentes pruebas, algunas denegadas por estar fuera de los plazos reglamentarios".

Según señala la organización ecologista, el último paso de la defensa fue presentar Recurso de Apelación contra un auto del juzgado de instrucción, recurso que fue desestimado. Al investigado se le impuso, en julio de 2022, una fianza de 63.865,56 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias del proceso, decisión que fue recurrida por la defensa y no aceptada por la jueza de instrucción, por lo que la imposición de la fianza es firme desde noviembre de 2022, más de un año después no se ha dado cumplimiento a esta decisión judicial alegando circunstancias económicas a pesar de tener varias vías para poder hacer frente al pago, entre ellas requiriendo al seguro de responsabilidad civil obligatorio de todos los cazadores o el recurso a financiación externa con avales de terceros que han mostrado su posible disposición en las diligencias judiciales".

A juicio de Ecologistas en Acción, "la justicia debería exigir ese pago además de comprobar si son ciertos los datos que aporta el investigado sobre su situación laboral. Ecologistas en Acción solicitó en su escrito de acusación imponer al acusado, por un delito relativo a la protección de la fauna tipificado en los artículos 334 y 338 del Código Penal, penas de 2 años y 6 meses de prisión, 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la caza y las costas del proceso, así como una indemnización de 100.000€ para la Junta de Castilla y León en concepto de responsabilidad civil por el valor del ejemplar de oso pardo muerto y con al menos una cría, los gastos de necropsia, el levantamiento del cadáver, los dispositivos de investigación sobre los hechos y las cantidades invertidas por la administración para la investigación y estudio de la especie. No puede ser que tres años después no haya ningún responsable por la muerte de una especie estrictamente protegida, catalogada como en peligro de extinción y esto se debe en gran medida a un investigado que, como todos, es muy valiente para disparar y lo es muy poco para asumir las consecuencias de sus disparos".