El Procurador del Común cuestiona la gestión de la Consejería de Sanidad en las consultas de oftalmología
Responde a la queja de una paciente que tardó más de un año en ser atendida desde que recibió comunicación de la primera cita
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/QMQLWHGKZVFONJR7PKD3YZRFQM.png?auth=a4d32b6d2e470a6044a0d20c5dac21a57c6f574736aa27873aa6b49a02075acc&quality=70&width=650&height=365&smart=true)
Hospital Provincial de Zamora
![Hospital Provincial de Zamora](https://cadenaser.com/resizer/v2/QMQLWHGKZVFONJR7PKD3YZRFQM.png?auth=a4d32b6d2e470a6044a0d20c5dac21a57c6f574736aa27873aa6b49a02075acc)
Citada en agosto del 2022 para junio de 2023, mes y medio antes recibió comunicación de anulación de esa primera consulta sin fecha de aplazamiento. Explica la Junta de Castilla y León al Procurador del Común que la gestión de las consultas externas es un proceso complejo en el que, debido a múltiples factores, hay que reprogramar agendas de acuerdo con la prioridad clínica asignada por los facultativos y con las incidencias que surgen en los distintos servicios.
Sobre el caso concreto de la paciente de oftalmología asegura que, atendida ya en agosto, se incluyó en lista de espera quirúrgica para su inminente intervención este año Y añade la Consejería que a cierre del primer semestre del año había 5.500 pacientes en espera para una primera consulta externa en ese servicio, con un tiempo medio de poco más de cinco meses. Lo duplicó desahogadamente el caso que motivó la queja que el Procurador del Común resuelve subrayando que “nada puede justificar las excesivas demoras que muchas veces se producen”.
En su resolución conviene que la Junta regule normativamente los plazos máximos de demora tanto en las consultas especializadas como en los procedimientos diagnósticos, extendiendo a ambos el sistema de garantías previsto ya para las intervenciones quirúrgicas que contempla un registro de pacientes en lista de espera en el sistema de salud de Castilla y León que, de exceder el plazo máximo, pueden elegir otro centro para ser intervenidos; que se arbitren medidas para agilizar los plazos de espera para consultas y que en caso de cancelación se conceda una cita a la mayor brevedad posible.