Fiscalía pide 9 años de prisión para un médico de Sacyl acusado de abusos sexuales a una joven a la que pasó consulta en Toral de los Vados (León)

Ponferrada

El ministerio Fiscal pide 9 años de prisión para un médico del Sacyl de 63 años que presuntamente abusó sexualmente de una joven de 21 años que acudió a su consulta de atención primaria de Toral de los Vados. Los hechos ocurrieron en 2021, la muchacha acudió para ser evaluada de una amenorrea de 8 meses, es decir por la falta de menstruación, pero más allá de sus límites de evaluación médica, el acusado, que ya tenía antecedentes por amenazar a su expareja, decidió explorarla, para lo que cerró la puerta de la consulta con el pestillo.

Después, según relata la víctima se echó líquido lubricante en los dedos y comenzó con ánimo lascivo a masajear el clítoris de la paciente al tiempo que le preguntaba si le gustaba lo que estaba haciendo. A pesar de la respuesta negativa, el facultativo introdujo sus dedos en la vagina y se puso sobre la joven a la que volvió a preguntar si conseguiría llegar al orgasmo. La joven, que salió de la consulta en estado de shock, relató lo sucedido a su madre que inmediatamente inició las acciones legales oportunas en contra del acusado y sobre las que el Juzgado de instrucción de Ponferrada considera responsable civil subsidiario al SACYL.

La audiencia provincial ha fijado para el 2 de octubre el juicio contra el acusado, que tiene prohibido acercarse a la víctima desde entonces y con la que tampoco podrá comunicarse durante un plazo de 17 años. Además, se establece una indemnización de 10.000 euros que tendrá que ser abonada por Sacyl si no lo hace el acusado.

Apropiación indebida

Eso será el día 2, previamente el próximo lunes, la audiencia provincial de León revisará un caso de apropiación indebida del que deberá de responder un viajante contratado por la empresa Productos Seco tras quedarse con la recaudación de numerosas facturas que debía cobrar en nombre de la empresa y cuya cuantía asciende a más de cuatro mil trescientos euros. El fiscal pide para él tres años de prisión y la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

Los hechos tuvieron lugar entre 2029 y 2020, tiempo durante el que el denunciado se quedó con el dinero que le entregaron más de una treintena de clientes entre bares, restaurantes y tiendas ubicadas en varias localidades bercianas.