''Ni las ratas quieren vivir aquí''

Burgos

El desmantelamiento del último poblado chabolista de una capital de provincia de Castilla y León, El Encuentro, deberá esperar hasta 2025, cuando se prevé culminar el realojo de las 16 familias, 44 personas, que permanecen malviviendo en un asentamiento que nació como provisional hace más de 30 años.

Así lo ha reconocido, en una visita al Encuentro, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a pesar de que el convenio con la Junta de Castilla y León establecía el final de 2023 para erradicar este enclave de infraviviendas e insalubridad y realojar a las familias en pisos normalizados en distintas zonas de la ciudad, para evitar guetos.

Pilar se casó con 14 años en el, entonces, un poblado provisional de casas prefabricadas con buen aspecto. Lleva casi toda la vida en lo que ahora es un inmenso vertedero, lleno de ratas, con agua estancada y condiciones de vida indignas. Reconoce que muchos han salido y tienen su piso en la ciudad, pero ella todavía espera dejar este lugar donde asegura que no se puede vivir ''un invierno más''.

''Ni las ratas quieren vivir aquí'', se lamenta Pilar, que ya no se fía de que le vayan a dar un piso, como si lo han conseguido sus hijos. A otras familias se lo han concedido pero han vuelto, reconoce. Todo el proceso se ha retrasado mucho. A ella se lo han prometido varias veces, pero no se ha cumplido.

Ampliar

La alcaldesa Ayala admite que la adaptación en viviendas normalizadas no es fácil, que han existido problemas de convivencia, que los trabajadores de los Servicios Sociales tratan de resolver mediante procesos de reeducación y de mediación con el entorno vecinal donde se ubica a estas familias, casi todas de etnia gitana.

Cristina Ayala también apunta las dificultades de adquisición de pisos, con un precio tope de 95.000 euros, porque el mercado inmobiliario no permite agilizar los trámites para efectuar los realojos. En este momento hay 5 pisos en fase de adjudicación y otros 7 serán comprados en los próximos meses.

La alcaldesa ha elogiado al anterior equipo de gobierno que consiguió pactar con la Junta la solución a este compromiso social de los poderes públicos con el derecho a una vivienda digna, para lo que aportaron 3,2 millones entre ambas administraciones.