El exalcalde de Benuza rechaza la acusación de acoso laboral por el que una funcionaria le pide cinco años de prisión y casi 180.000 euros de indemnización

Ponferrada

El exalcalde de Benuza, Agapito Encina, apela a los informes de la secretaria-interventora del ayuntamiento y a los emitidos por el servicio de asistencia a municipios del Consejo Comarcal para justificar que en ningún momento tomó decisiones para incurrir en los delitos contra la integridad moral en el trabajo y lesiones graves, delitos de los que le acusa una funcionaria municipal con categoría de auxiliar administrativa y por los que hoy se ha celebrado el juicio en el juzgado de lo Penal de Ponferrada. En todo momento el exalcalde ha desmentido cualquier tipo de actitud discriminatoria hacia la empleada que estuvo 1.183 días de baja y que le acusa de vejación y anulación de sus funciones. Dice Encina que los recortes en la nómina se aplicaron en base a la necesidad de tener contratada a otra persona para que pudiera sustituirla por las bajas, y que también se redujo el sueldo la propia corporación municipal, empezando por él mismo.

El exalcalde relató además que se le permitió hasta en dos ocasiones ajustar a sus necesidades la reducción de la jornada laboral; y que no se le retiró ninguna de sus funciones hasta que no hubo una denuncia contra ella que presentó la secretaria municipal por localizar en una licencia de obra la firma de la auxiliar, un permiso que había otorgado a la junta vecinal de la Lomba sin el consentimiento de la secretaria y por el que todavía está pendiente el juicio.

Otras irregularidades detectadas en la contabilidad municipal por el SAM, llevaron al regidor a delegar este tipo de labores en la otra persona que estaba contratada y a retirarle la confianza bajo la sospecha de que incluso podría utilizar la propia firma digital del alcalde para perjudicar al ayuntamiento.

Los hechos de los que hablamos tuvieron lugar entre 2015 y 2018 así que debido al paso del tiempo y a que Encina ya ha dejado la política, la acusación ha rebajado en un año la petición de cárcel que había presentado en sus calificaciones previas, con lo que solicita un total de cinco años de cárcel, al tiempo que incrementan la petición de indemnización en cien mil euros más, hasta llegar a una suma total de casi 180 mil euros en base al perjuicio moral que se le ha ocasionado a la trabajadora y que se calcula en base a conceptos como su antigüedad en el puesto de trabajo. A lo anterior añade la necesidad de aplicar una orden de alejamiento de 300 metros durante el mismo tiempo que dure la condena. El Ministerio Fiscal por su parte ha mantenido en todos sus términos las calificaciones previas con lo que solicita dos años y dos meses de prisión además de una indemnización de 15.000 euros.

El informe médico forense y del equipo de psicólogos del juzgado recoge que la funcionaria presenta: "Sintomatología compatible con un Trastorno Adaptativo Mixto", por el que ha precisado tratamiento psiquiátrico y psicológico desde enero de 2017.