Reactivadas las diligencias del caso de corrupción de Parques y Jardines
Una decena de empleados de la concesionaria Raga declararon en el juzgado número 5 de Zamora, aunque se aplazan a julio otras declaraciones inicialmente previstas para la semana próxima
Francisco Guarido durante la rueda de prensa de este viernes
El caso de corrupción destapado entre 2020 y 2021 en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, que llevó a la detención del ex jefe del servicio Alberto Vega, en marzo de 2021, se ha desbloqueado después de continuas dilaciones desde el inicio de las diligencias.
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Un asunto que incluye a la empresa ex concesionaria de parques y jardines, Raga, y una empresaria gallega, y por el que este viernes comparecieron ante el juzgado número 5 de Zamora, que instruye el caso, una decena de trabajadores de Raga.
El caso parece que se desatasca después de dos años, pero lo cierto es que entre dilaciones de las partes del proceso y los conflictos laborales en la administración de Justicia, las declaraciones previstas para la semana que viene en estas diligencias, se han aplazado hasta el 19 de julio.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, hablaba de este asunto, tras anunciar que en la Comisión de Hacienda del lunes se lleva a aprobación la liquidación definitiva del contrato de recogida de basuras de la anterior concesionaria, la UTE Zamora Limpia, a la que se va a reclamar 9,1 millones de euros.
Un asunto que está en el juzgado por las irregularidades detectadas en la facturación de la concesionaria y sobre lo que el alcalde, Francisco Guarido, anunciaba que además de las diligencias judiciales abiertas en vía penal contra Zamora Limpia el caso también es objeto de investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional.
Fallo favorable en el pleito de Proinsa
Además, el alcalde zamorano añadía la información sobre una sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número 4 de Madrid, en el que se falla que el Ayuntamiento de Zamora es el propietario de las parcelas revertidas en la fallida operación inmobiliaria de la empresa Proinsa, que acabó quebrando durante el estallido de la burbuja inmobiliaria, de modo que las parcelas deben quedar fuera de la masa de la quiebra.
Francisco Guarido anunció igualmente la expropiación y derribo de los inmuebles adosados a la muralla en la Calle Postigo número 1, situadas junto al portillo de la Lealtad.
